Los fiscales a cargo de la unidad de Delitos Económicos de Rosario aprovecharon el último día hábil del 2023 para presentar una durísima acusación contra los directivos de Vicentin, con pedidos de pena de hasta 17 años de prisión. La decisión fue interpretada por los acusados como una nueva maniobra para detonar el concurso de la empresa, que ya está acordado, pero se sigue demorando y bloquea así la posibilidad de normalizar la gestión de la firma.
La maniobra, según los directivos de Vicentin, es empujada por un grupo hostil que pretende quedarse con la compañía. La fiscalía acusó de estafa y asociación ilícita a los exdirectivos de la agroexportadora que entró en default a fines de 2019, con una deuda que rondó los 1.500 millones de dólares, informó La Política Online.
La acusación la encabezó el fiscal Miguel Moreno y comprende a los ejecutivos que estaban al frente de la compañía al protagonizar la caída. La decisión de los fiscales fue interpretada en la compañía como una posible presión a la Cámara de Reconquista, que debe aprobar el concurso, lo que normalizaría la vida de la empresa e impediría una toma hostil.
Sorpresa por la decisión de los fiscales
El abogado de los acusados, Jorge Ilharrescondo, no ocultó su sorpresa por la decisión de los fiscales penales justo cuando está al caer una resolución crucial de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de Reconquista. «Cada vez que hay instancias importantes en la resolución del concurso de la empresa Vicentin, observamos movimientos de la justicia penal de Rosario», afirmó.
El abogado recordó el operativo de detención contra Omar Scarel, expresidente del directorio de Vicentin, días antes de una presentación fundamental de la propuesta de pago a los acreedores en junio del 2022. En ese momento, Scarel fue trasladado como detenido a Rosario, pero la prisión preventiva solicitada por los fiscales Narvaja y Moreno —los mismos que actuaron ahora— fue denegada por el juez.
Actualmente, Scarel ni siquiera está procesado por la causa por la que fue acusado y detenido. «Utilizan la justicia penal para resolver un conflicto netamente comercial, porque a uno de los querellantes no le gusta la oferta económica que fue aceptada por una abrumadora mayoría», agregó Ilharrescondo. «Nunca en mi carrera vi estos pedidos de penas, introducen en la acusación la asociación ilícita para aumentar los años de pena para la acusación», concluyó el abogado.