Durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía se tomó la decisión de expropiar YPF. Esta decisión, que en su momento el kirchnerismo celebró, hoy tiene consecuencias económicas y judiciales muy graves para la Argentina. Nación debe pagar US$ 16.100 millones por el 51% de la compañía y, como no tiene el dinero, puede ser embargado si los demandantes así lo desean.
Tanto Buford Capital como Eton Park querían llegar a un acuerdo para que se le abone por las acciones que adquirió la Argentina. Sin embargo, la jueza Loretta Preska no recibió garantías de parte del Gobierno hasta el 10 de enero y por eso ordenó que ya pueden accionar contra los activos que tiene nuestro país en Estados Unidos para cobrar este monto.
El Estado argentino corre el riesgo de recibir embargos en sus bienes y activos, como ya le ha ocurrido tiempo atrás en el juicio con los fondos buitres tras la salida de la convertibilidad. Cabe recordar que esa vez, retuvieron 77 días en Ghana a la Fragata Libertad y para que no retengan el Tango 01, el avión presidencial, muchos vuelos se hicieron en aviones privados cuando las autoridades viajaban al exterior, según NA.
El CEO de Latin Advisors y especialista en el caso, Sebastian Maril, informó en su cuenta de X parte del fallo de la jueza: «La Jueza Preska le está diciendo al Gobierno argentino que se simpatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país, pero también le «recomienda» que empiece a preparar la hoja de ruta para resolver el caso por la expropiación de YPF», indicó.
«Una aclaración: cualquier embargo de activos del Estado que pueda ocurrir a partir de hoy, no serán puestos como garantía sino que serán propiedad de los beneficiarios del fallo que los irán tomando como forma de pago por los USD 16.100 millones. También aclaro que embargar activos soberanos es muy complejo», completó Maril.
