Javier Milei avanza en su estrategia de ajuste en los medios estatales y el primer caído es el reconocido periodista y locutor uruguayo, Víctor Hugo Morales, que fue echado de Radio Nacional. La medida, que también afectó a otros 500 trabajadores del medio, tiene como objetivo principal recortar gastos públicos, según anunció Javier Mont, director de Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA).
Este ajuste, enmarcado en un contexto de necesidad de optimización económica por parte del Gobierno, también involucra a destacadas figuras periodísticas como Federica País, Jorge Dorio, Sandra Russo, Darío Villarroel y Mex Urtizberea. Mont, en una entrevista , justificó los despidos haciendo referencia a los «sueldos elevados» que percibían.
Morales, lideraba «Estación Piazzola»; Sandra Russo, conducía «Calandrias»; y Lautaro Maislin era responsable de «Rosca and Roll 937» en FM Nacional Rock. La decisión implica un ahorro estimado de 15 millones de pesos para el Estado nacional, al rescindir contratos eventuales y redefinir la estructura laboral de los medios estatales.
Mont aseguró que Radio Nacional continuará su programación con personal de planta permanente, subrayando la necesidad de ajustes para cumplir con la grilla de programación. El alejamiento del relator de fútbol se produce en un momento en que ha expresado su desacuerdo y preocupación por las políticas impulsadas por el presidente Milei, especialmente en relación con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca desregular la economía.
El ahorro de gasto público que acalla voces críticas: el doble filo de Milei
La situación que rodea la salida de Morales y otros comunicadores de Radio Nacional refleja un escenario complejo en el que las decisiones gubernamentales impactan directamente en el ámbito mediático. La estrategia de ajuste implementada por Milei ha generado polémica y suscitado preocupaciones sobre la libertad de expresión en el país.
El despido de figuras reconocidas en el periodismo plantea interrogantes sobre la diversidad de voces en los medios estatales y la posibilidad de expresar opiniones críticas frente a las políticas gubernamentales. La conexión entre la eliminación de estos profesionales y sus posturas disidentes sugiere la existencia de tensiones políticas que pudieron haber influido en las rápidas salidas.
