El Gobierno de Javier Milei comenzó con la desregulación de la economía en prácticamente su totalidad, lo que incluyó también diferentes tarifas como luz, gas y servicios básicos varios. En este marco, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo defendió los aumentos, en especial los que están a cargo de las empresas Edesur y Edenor.
«Las decisiones intervencionistas han impedido la competencia y los valores asignados a las tarifas son carentes de toda racionalidad, fomentando un consumo eléctrico sin control, a partir de un crecimiento artificial de la demanda. En consecuencia, las tarifas no reflejan el costo económico del suministro», sostuvo el funcionario.
Además, aseguró que con la tarifa actual «es imposible que haya inversiones en generación, transmisión y distribución. Por eso, el sector eléctrico está al borde del colapso. Hoy, ante una mínima falla en el sistema de transporte se producen cortes», alertó Rodríguez Chirillo, en declaraciones que compartió NA en el marco de la audiencia pública para adecuar la tarifa de luz.
También, afirmó que «estamos sumergidos en una crisis económica descomunal generada por administraciones anteriores y agravada por el último Gobierno. Su origen es un modelo que llegó a su fin». Es por ello que «el camino a transitar será difícil, porque el Estado hizo creer a los usuarios que pagando costos de suministros de eléctricos menores a los reales, eran justos y razonables«.
Es por ello que explicó que si la tarifa «no refleja el costo real del suministro, existe un problema con la recaudación del sistema, acumulando una deuda de los agentes con la compañía administradora Cammesa, que es hoy de $307.717.000.000 millones«. Para revertir eso, adelantó que van a «recomponer la tarifa, restaurar la cadena de pagos que actualmente se encuentra al borde de la ruptura, concentrar los subsidios en los sectores más vulnerables y asegurar el suministro eléctrico», entre otras medidas.
Por último, Rodríguez Chirillo sostuvo que las empresas de suministro de luz «tienen que ser autosuficiente económica y financieramente, con asistencias puntuales del Estado, dando subsidios a usuarios vulnerables» pero con la menor intervención del Gobierno posible, tal y como prometió el presidente durante su campaña rumbo al máximo cargo.
