El Gobierno encabezado por Javier Milei ha decidido apelar el reciente fallo de la jueza Liliana Rodríguez Fernández que declaró inválidos seis artículos del DNU 70/23 relacionados con los derechos laborales. En una presentación de aproximadamente treinta páginas, la Secretaría de Trabajo argumenta que esta es una «decisión política no judiciable», sosteniendo que el fallo no debería haber existido.
La jueza Rodríguez Fernández, la semana pasada, hizo lugar parcialmente a una acción de amparo presentada por la CGT, declarando la invalidez de los artículos 73 (retención de la cuota sindical), 79 (negociación colectiva), 86 (cláusulas obligacionales) y 87, 88 y 97 (relacionados con servicios esenciales y modalidad de protestas).
En su apelación, el Gobierno argumenta que es necesario exponer los riesgos de contar con un Poder Judicial que, según ellos, desatiende las necesidades impostergables de la República Argentina. Además, afirman que la decisión de la jueza es una «anteposición de intereses particulares sobre los de la Nación», poniendo en peligro la organización social, jurídica y política.
En relación con la reforma laboral impulsada por el DNU, la apelación del gobierno sostiene que el derecho constitucional a la huelga ha quedado desnaturalizado y que se ha convertido en un ejercicio abusivo del derecho, afectando los derechos de otros sujetos de manera innecesaria, informó NA.
El escrito también deja entrever una declaración de guerra tácita hacia los jueces que fallen en contra de los intereses del gobierno de Milei. La apelación ataca directamente a la jueza Rodríguez Fernández, acusándola de dictar un fallo «prescindiendo de la realidad imperante» en el país.
Este movimiento judicial se suma a la estrategia del Gobierno de acudir a la Corte Suprema, apostando a un pleno que respalde legalmente las medidas del DNU, especialmente en el ámbito laboral, donde han enfrentado varios reveses judiciales. La Corte, por su parte, se encuentra estudiando las cuestiones sometidas a decisión luego del receso de enero.
El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial parece intensificarse, y la apelación presentada refleja una clara postura del gobierno de Milei en defensa de sus políticas, catalogando el DNU como una decisión política no sujeta a revisión judicial.