El Gobierno nacional tensa cada vez más su relación con el sindicalismo. Este jueves, a través del Ministerio de Seguridad, intimó a los gremios y organizaciones sociales que marcharon el 27 de diciembre pasado a Tribunales contra el mega DNU a que paguen sumas que rozan los $ 100 millones por el costo del operativo de aquel día. En este marco, el presidente Javier Milei acusó que Pablo Moyano, líder de Camioneros, está entre quienes “quieren voltear la Ley ‘ómnibus’ para que nada cambie, para mantener sus privilegios”.
Durante el transcurso de la jornada, las centrales sindicales y gremios que participaron de la movilización del 27 de diciembre a los Tribunales de la calle Lavalle, en la ciudad de Buenos Aires, para presentar un amparo que declare nulo el Decreto 70/2023 de reformas impulsado por Milei, que luego la Justicia laboral aceptó, comenzaron a recibir cartas documento de parte de la cartera que comanda Patricia Bullrich.
También cayeron en la volteada las organizaciones sociales que formaron parte de la jornada de ollas populares del 22 de diciembre pasado como parte de una movida en todo el país en rechazo al mega decreto. Por la primera jornada, la cartera de Seguridad demandó $ 40.419.227,56 en concepto de gastos y por la segunda, la suma de $ 56.760.282,58.
Una carta documento se remitió a la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (Fempinra), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y la Agrupación Izquierda Socialista.
También al Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el Sindicato Único de Trabajadores de neumáticos Argentino (Sutna), la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), el Sindicato de Camioneros, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la CTA Autónoma y Conadu Histórica. Todas ellas formaron parte de la marcha del 27, en la que se pidió dejar sin vigencia el apartado de la reforma laboral del DNU.
Otra carta documento, por la jornada del 22 de diciembre, se dirigió a ATE, a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Federación Nacional Territorial, Libres del Sur, el Frente Barrial CTA, la Federación de Trabajadores por la Economía Social (Fetraes) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Por su parte, Milei se hizo eco de recientes declaraciones de Pablo Moyano acerca de que el sindicalismo buscará hacer caer el DNU y la Ley ‘ómnibus’. “Acá tienen a los enemigos de la reforma. Los que quieren voltear la Ley para que nada cambie. Para mantener sus privilegios. Fíjense quien está a favor del cambio y quien está en contra. Los que están a favor defienden a los argentinos de bien”, recalcó el mandatario.
“Los que están en contra defienden sus privilegios. Los argentinos elegimos un cambio. No van a poder con nosotros”, ahondó en redes sociales. De esta manera, el gobierno de la Libertad Avanza tensó su relación con el sindicalismo, luego de que la CGT este miércoles ratificara el paro del 24 de este mes contra las reformas que contienen el DNU y el proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
