El mega DNU que anunció Javier Milei a pocos días de asumir generó repercusión dentro del ámbito social, laboral y sindical. Hubo fuertes reclamos contra el Gobierno e incluso presentaron una numerosa cantidad de amparos para detener el decreto de necesidad y urgencia o suprimir algunas de las modificaciones que el libertario quiere implementar. Sin embargo, desde la Casa Rosada respondieron y le pidieron a la Justicia que no intervenga porque ya está en manos del Congreso de la Nación.
Mediante una presentación, los abogados de la Procuración del Tesoro dieron respuesta al amparo presentado por el Observatorio del Derecho en la Ciudad, por la cual el juez Enrique Lavié Pico habilitó la feria para resolver si lo declara o no constitucional. Ante esto, en La Libertad Avanza primero cuestionaron la decisión judicial y ahora fueron un paso más allá.
«No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, más no del Poder Judicial. En efecto dictado el DNU, se comunica inmediatamente al Congreso el que puede revocarlo, en un procedimiento cuya velocidad dependerá de la exclusiva voluntad del Congreso y del debate democrático- representativo y sobre el cual los jueces no pueden avanzar», contestaron desde el Gobierno.
Incluso, señalan que de intervenir el Poder Judicial ahora «constituiría una actuación cuanto menos prematura, toda vez que se encuentra en marcha el mecanismo institucional previsto por la Constitución Nacional y el trámite parlamentario de la Ley N° 26.122, cual es el debido contralor por parte del órgano legislativo, del DNU dictado».
Por otro lado, remarcaron que las sesiones extraordinarias en el Congreso, de acuerdo con la Constitución Nacional, puede hacerse uso cuando existen circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir los trámites ordinarios. De esta manera, consideraron que el DNU es uno de esos casos y que hicieron todo siempre del marco de la ley y la Constitución.
«El conjunto de medidas implementadas por el DNU N° 70/2023, se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una Ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria», concluyeron, según NA.
