El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió en Buenos Aires con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para abordar estrategias contra el crimen organizado en la provincia. La reunión, en la que también participó el secretario de Justicia de Santa Fe, Santiago Mascheroni, se centró en la necesidad de fortalecer la adhesión a la Ley de Microtráfico y avanzar en el sistema acusatorio en la Justicia Federal santafesina.
Pullaro destacó la importancia de complementar la adhesión de Santa Fe a la Ley de Microtráfico, conocida como la ley de narcomenudeo, con la reciente sanción provincial, que ya está teniendo impacto con el derribo de búnkers de venta de drogas en Rosario. Asimismo, enfatizó la necesidad de impulsar el sistema acusatorio adversarial en la Justicia Federal santafesina para agilizar la persecución de organizaciones criminales, especialmente en delitos críticos como lavado de activos y narcotráfico.
En una declaración al canal Todo Noticias (TN), Pullaro afirmó que las medidas implementadas contra narcotraficantes y sicarios han generado molestias en estas organizaciones criminales. Explicó que la reorganización de las cárceles, trasladando a los delincuentes a pabellones de alto perfil con un régimen de detención diferencial, ha dificultado su capacidad para dirigir operaciones desde prisión.
«Lo que más les molestó fue que ordenásemos las cárceles, pasando a narcos y sicarios a pabellones de alto perfil con un régimen de detención diferencial en donde no pueden tener contacto físico prácticamente con ninguna persona, salvo con sus abogados y familiares a través de un blindex«, explicó el mandatario santafesino.
Pullaro destacó que desde el inicio de su gestión, se han tomado diversas medidas para controlar el crimen organizado en Santa Fe, incluyendo el despliegue de la policía en las calles desde el primer día y la reorganización de las investigaciones criminales.
Sin embargo, en medio de estas acciones, se reportó una nueva amenaza dirigida al gobernador. Una nota escrita fue encontrada en una oficina pública de Rosario, vinculando la amenaza con la política de derribo de búnkers de venta de drogas implementada en la ciudad. Esta amenaza se suma a otras tres reportadas el último fin de semana en escuelas y centros de salud de la zona oeste de Rosario, todas con el mismo mensaje: «Pullaro narco, con los presos no se jode«.
El gobernador aseguró que estas intimidaciones no detendrán las medidas que ha iniciado contra el crimen organizado y resaltó el respaldo recibido del Gobierno nacional, la Justicia y la Legislatura provincial. La seguridad de Pullaro y su familia se ha visto afectada, y él mismo informó que su familia ya no vive en Rosario.
