Germán Garavano, exministro de Justicia durante el Gobierno de Mauricio Macri, habló tras ser sobreseído en la causa «Mesa judicial». La acusación inicial la dio el kirchnerismo al señalar que tanto él como el exmandatario, el exasesor Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, la diputada nacional María Eugenia Vidal, entre otros funcionarios, se ponían de acuerdo para perseguir opositores y encarcelarlos.
«Fue un disparate. Fue una hipótesis que ellos crearon para tratar de defenderse de las causas judiciales y tratar de explicar muchas veces lo inexplicable. La verdad es que no existió nada de eso y nada que se le pareciera después de cuatro años de llevar intensas medidas. Ha quedado claramente demostrado que nada de eso sucedía y que era imposible», dijo Garavano en diálogo con Radio Rivadavia.
Sobre las denuncias, el exministro subrayó que ni el propio exministro de Justicia del entonces oficialismo, Martín Soria, decían lo que después ellos decían en los medios. «En las causas se terminaban investigando unas presuntas presiones a algunos jueces laborales y situaciones aisladas que tampoco sucedieron y ni siquiera tenían que ver con lo que se vociferaba públicamente con respecto a esos encarcelamientos o avances sobre aquel gobierno kirchnerista», ahondó.
Por último, el exfuncionario de Mauricio Macri se refirió a las declaraciones de Mariano Cúneo Libarona, el actual ministro de Justicia, quien dijo que el rol de los funcionarios del Poder Ejecutivo debe ser tratar de pacificar, no estar ni de ningún lado ni del otro y no perseguir. «No hubo excesos, hubiesen sido denunciados si hubiera. Quien avanzó sobre los casos de corrupción fue la propia justicia, con pruebas que los mismos periodistas han aportado.
La causa
a jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó este lunes al expresidente Mauricio Macri; a su exasesor Fabián «Pepín» Rodríguez Simón a los exministros de Trabajo, Jorge Triaca; y de Justicia, Germán Garavano; al exsubsecretario de Justicia y hoy jefe de fiscales porteños Juan Bautista Mahiques; al exsecretario Legal y Técnico Pablo Clusellas; y a la entonces diputada Graciela Ocaña. Se los acusaba de presionar jueces para lograr fallos favorables y armar supuestas causas contra la oposición.
Al indicar que «no hubo existencia de delito», la jueza resaltó en el fallo que quienes supuestamente fueron presionados para direccionar las investigaciones, esto es magistrados y fiscales. Nunca denunciaron en su momento los hechos ni tampoco cuando declararon.
