El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar pedida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). De esta forma suspendió preventivamente el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de Javier Milei, que derogaba la Ley de Tierras. La legislación limita la extranjerización al permitir que sólo un 15% del territorio esté a manos de extranjeros.
“Si bien el objeto estatutario de la Asociación actora se orienta a la defensa concreta de los derechos soberanos en el Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, el bien jurídico ‘Soberanía Nacional’, en razón de su naturaleza colectiva e indivisible, no resulta susceptible de tutela parcial o selectiva”, explicó el juzgado.
En ese sentido, la resolución señaló: “A mayor abundamiento, debe destacarse que la derogación de la norma legal tutelar, habilita sin más, la adquisición por extranjeros, de tierras rurales (en los términos vedados por la Ley derogada) en los mismos territorios ilegítimamente ocupados por el Reino Unido, que la Asociación actora tiene por objeto estatutario defender”.
Según el juez, el Gobierno no fundamentó los motivos de la derogación de la normativa adecuadamente. “La motivación del acto estatal discrecional es un presupuesto básico porque si no está motivado no es posible controlarlo o, quizás, el control es más difuso y débil en este contexto. Si el Ejecutivo no da razones sobre su elección (o las brinda en forma insuficiente), aun cuando la decisión sea jurídicamente válida, no es posible controlarla en términos ciertos”, añadió el magistrado.
Algunas características de la Ley de Tierras
La Ley de Tierras en la Argentina se sancionó en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Su vigencia regula la titularidad y posesión de tierras para usos agropecuarios, forestales, turísticos, entre otros. Así, se centra en limitar la propiedad de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, definiendo criterios y excepciones.
Además establece un Registro Nacional de Tierras Rurales y un Consejo Interministerial para controlar y dirigir acciones. La ley busca preservar la soberanía territorial y evitar la extranjerización desmedida de las tierras. Uno de los casos más polémicos es el de Lago Escondido, que desde hace más de 20 años es epicentro de un conflicto sobre el libre acceso a las aguas de uso público.
La derogación que propone el megadecreto postulaba la venta sin límites de tierras, y las negociaciones quedarían a merced de los compradores y vendedores, sin intervención estatal. Además, quedaban sin efecto las consecuencias legales sobre los testaferros argentinos que hicieran de intermediarios para extranjeros.
