El juez federal subrogante de La Rioja, Jorge Chamía, habilitó la indagatoria de 1.060 personas por el cobro irregular del plan Potenciar Trabajo, ya que resulta incompatible porque trabajan en la administración pública provincial. Las indagatorias habían sido solicitadas por la fiscal federal de La Rioja, María Virginia Miguel Carmona, a quien le delegó la investigación.
Las indagatorias aún no tienen fecha. Ante la causa, el Gobierno de Ricardo Quintela justificó que esas personas son becadas y que para completar ese sueldo es que perciben el Potenciar Trabajo. El Gobierno local es autoridad de aplicación, pues los planes son otorgados por la administración central, informó NA.
Para avanzar en la investigación, la fiscalía pidió al Gobierno provincial que informe desde hace cuánto están contratadas esas 1.060 personas y cuánto perciben. Al Ministerio de Capital Humano le pidió documentación para saber cuál fue el requisito que se tuvo en cuenta para otorgar un plan social.
Según fuentes judiciales, la investigación ahora tratará de determinar a partir del argumento del Gobierno Provincial si existieron o no irregularidades, ya que es incompatible la percepción del plan con tener trabajo bajo dependencia, como es el caso. Pero el Gobierno local ahora refiere que dio becas de trabajo y habrá que ver si están dentro de las 25 modificaciones que fue teniendo el plan Potenciar Trabajo.
El requerimiento de Miguel Carmona se da en el marco de un desprendimiento de la investigación preliminar desarrollada, desde el 8 de noviembre pasado, por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan. Según lo estimado, el perjuicio para la administración pública es de 82.680.000 millones de pesos al patrimonio nacional.
