En el Congreso de la Nación llegó la notificación de que las sesiones extraordinarias, periodo donde se trata la Ley Ómnibus, se extenderán hasta el 15 de febrero. Todo esto a raíz del pedido de la oposición dialoguista, de la cual forman parte la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal, que exigieron que su dictamen sea el que se trate desde la próxima semana.
En este marco, en el radicalismo están en una fuerte encrucijada. Un sector de este histórico partido político están en contra de algunas medidas que impulsó el presidente Javier Milei, como por ejemplo: delegación de facultades, derogación de la reforma jubilatoria, suba de retenciones para las economías regionales, privatizaciones y la modificación del régimen electoral.
Sin embargo, también reconocieron que una «pésima» gestión que finalizó en 2023 dejó al presidente en una situación comprometedora que requiere de medidas rápidas, drásticas y efectivas. Es por ello que hay otro sector de la UCR que evalúa darle «gobernabilidad» a Javier Milei y votar a favor de la Ley Ómnibus, de la cual han tenido una importante influencia.
La convención de la Unión Cívica Radical, presidida por Gastón Manes, se centró en gran medida en el rechazo al proyecto del Gobierno. De hecho, calificaron el tratamiento de la iniciativa como «improvisado» y «poco democrático». A pesar de esto, la encrucijada interna que hay tiene que ver con la historia del radicalismo y del nuevo rol que les toca tomar, según NA.
Históricamente, la UCR dice que ellos responden «a las demandas de la sociedad» y que haya sido electo Javier Milei, quiere decir que el pueblo lo eligió. Además, el ala más cercana al PRO de este espacio sostiene que con tan poco tiempo al poder, es difícil evaluar si es buena o mala la gestión del economista y quieren darle un voto de confianza en el Congreso de la Nación.
Dictamen propio y ¿obligación?
La UCR junto a Hacemos Coalición Federal realizaron su propio dictamen de la Ley Ómnibus y el presidente lo aceptó, exigieron que se postergue su tratamiento en la Cámara Baja y también lo acataron, por lo que ahora este sector «dialoguista», consideran que están en deuda con el mandatario y que deben cumplir con la aprobación de un dictamen que ellos mismos crearon.
