En el marco de la revisión de las subvenciones en las tarifas de luz y gas, el Gobierno evalúa criterios para definir la asignación de estos beneficios, generando preocupación en la clase media. Según los informes presentados por la Secretaría de Energía, se consideraría la exclusión de los subsidios para aquellos que poseen ciertos niveles de gastos y activos, más allá de los ingresos familiares.
La clase media, tradicionalmente considerada como un pilar económico, podría sentir el impacto de estas medidas en su presupuesto familiar. Muchos sostienen que, en lugar de excluir a determinados grupos, sería más efectivo implementar un sistema que evalúe la capacidad de pago de manera más holística, considerando los ingresos totales y las responsabilidades financieras.
Entre las condiciones propuestas para excluir a beneficiarios se encuentran tener una medicina prepaga, viajar al exterior más de una vez en los últimos cinco años, o comprar moneda extranjera en al menos uno de los últimos tres meses. Este último dato podría abarcar a millones de familias que constantemente buscan preservar sus ahorros en dólares.
Los consumos excesivos en tarjetas de crédito pueden dejar al beneficiario sin subsidio
También se consideraría la exclusión de subsidios a la luz y el gas para aquellos que posean automóviles con menos de cinco años de antigüedad, consumos de telefonía móvil superiores a $39,000 (el 25% del salario mínimo), y consumos en tarjetas de crédito o billeteras virtuales superiores a $780,000 (cinco salarios mínimos).
Esta propuesta ha generado inquietud entre la clase media, ya que podría afectar a un segmento de la población que, aunque no califique como beneficiario de subsidios, tampoco cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a los crecientes costos de servicios básicos. La audiencia pública programada para el 29 de febrero será clave para definir cómo estos cambios impactarán en la economía de la clase media y su capacidad de afrontar los costos energéticos.
La posible exclusión de subsidios a la clase media ha suscitado críticas y preocupaciones sobre la equidad y la justicia social en la distribución de cargas económicas. Especialistas argumentan que estos criterios no reflejan adecuadamente la realidad financiera de las familias de clase media, que pueden enfrentar desafíos económicos significativos.
