La fiscalía presentará hoy su solicitud para agravar la condena de 6 años de prisión impuesta a Cristina Kirchner por su participación en la Causa Vialidad agregando el cargo de asociación ilícita, lo que podría elevar la pena a un máximo de 12 años de prisión. La exvicepresidenta fue encontrada culpable de administración fraudulenta en relación con las obras que beneficiaron al empresario Lázaro Báez.
De acuerdo a datos de la agencia NA, el fiscal a cargo, Mario Villar, respaldará la petición realizada en el juicio por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes argumentan que las 51 obras otorgadas a Báez no deben considerarse como un único hecho, sino como distintos actos vinculados por una asociación ilícita. Sostienen que esta «asociación» operó de manera constante tanto dentro como fuera de la estructura administrativa estatal, cumpliendo así con los criterios típicos de una organización delictiva.
El Tribunal, compuesto por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, tendrá la delicada tarea de evaluar la solicitud de la fiscalía. Su decisión podría ratificar la condena, aumentarla o incluso anularla, según lo que considere procedente. El proceso judicial se extenderá a lo largo de seis audiencias, culminando el 4 de abril.
Una vez concluido este periodo de audiencias, el Tribunal estará en condiciones de emitir su resolución respecto al caso. La defensa de Cristina Kirchner tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos en una audiencia programada para el 7 de marzo, donde buscará anular la condena basándose en la falta de pruebas contundentes.
¿Qué tribunal le queda a Cristina como tercera instancia final de apelación?
Aunque la expresidenta de la Nación ya no cuenta con fueros, en caso de que su pena sea ratificada, aún quedará pendiente la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este último recurso legal podría definir el desenlace final de un proceso que ha mantenido en vilo a la opinión pública y que tiene implicaciones significativas tanto en el ámbito político como en el judicial.
En definitiva, el caso de Cristina representa no solo un juicio legal, sino un episodio que ha puesto a prueba la integridad de las instituciones judiciales y ha suscitado reflexiones sobre la transparencia y la ética en la vida política del país. La mayoría de los abogados coinciden en que es muy difícil comprobar que la exsenadora fue líder de una asociación ilícita, porque se requiere de muchas pruebas.
