El Gobierno de Javier Milei estableció hoy restricciones a la subida de salarios de los empleados estatales. La medida es aplicable a todos los organismos, entes o empresas financiadas por el Estado nacional o bajo su control mayoritario con el objetivo de garantizar la equidad salarial y optimizar los recursos del sector público.
Con la firma de los ministros de Interior, Guillermo Francos, y de Economía, Luis Caputo, se anunció en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 28/2024, que implica que los empleados estatales deberán negociar los aumentos salariales dentro de los límites del presupuesto asignado a cada dependencia para el presente año. Dado que el presupuesto de 2024 se mantiene nominalmente igual al del año anterior, debido a una prórroga gubernamental, la medida plantea inquietudes sobre la posible licuación de los salarios en medio de una persistente inflación.
El Gobierno justifica esta decisión como parte de los «lineamientos» establecidos por el Ejecutivo de Javier Milei, con el propósito de «optimizar recursos» y «tornar más eficiente el actuar del Estado» en las negociaciones salariales del sector público nacional. La medida también argumenta la necesidad de establecer parámetros homogéneos para las negociaciones salariales y asegurar la equidad en el ámbito estatal.
¿Cuáles son las empresas y organismos dependientes del Estado nacional?
La restricción abarca a todos los niveles gubernamentales, desde ministerios, secretarías y direcciones, hasta la administración pública descentralizada, empresas estatales o privadas con participación mayoritaria del Estado. Esto incluye entidades como Anses, PAMI, AFIP, Senasa, Conicet, INTA, Télam, Enacom, Tandanor, Intercargo, Aerolíneas Argentinas, YPF, entre otras, e incluso al personal no docente de las universidades nacionales.
Para garantizar la aplicación efectiva de estas medidas, se establece la intervención previa de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público en cualquier negociación salarial paritaria. Este organismo adquiere un papel destacado al actuar como un ente regulador y asesor, aportando una perspectiva técnica y objetiva a las discusiones sobre incrementos salariales en el ámbito estatal.
Estas decisiones del Gobierno han generado preocupación entre los empleados estatales y sus representantes sindicales, mientras que se espera que el impacto de esta medida en los salarios se manifieste en un contexto de alta inflación que ha afectado significativamente el poder adquisitivo de los trabajadores en los últimos tiempos.
