El Gobierno nacional a través del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, ha emitido una resolución para congelar la creación de cinco nuevas universidades nacionales que, paradójicamente, ya habían sido aprobadas por iniciativas del kirchnerismo que eran ley. Estas instituciones educativas son la Universidad Nacional Del Delta, de Pilar, de Ezeiza, de Río Tercero y la de Madres de Plaza de Mayo.
«Atendiendo a razones de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes vigentes, de evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y de garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida, resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios antes mencionadas», señalaron desde el ministerio en una resolución oficial.
«Establecer el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias nacionales con el fin de determinar el efectivo cumplimiento del procedimiento para su creación y funcionamiento objetivo», indicaron desde Capital Humano que derivó la causa a la Secretaría de Educación.
¿Universidades fantasmas del kirchnerismo o una ley genuina?
La aprobación por ley de estas nuevas casas de estudio tuvo lugar en septiembre del año pasado, generando expectativas positivas en el ámbito educativo y político. La Universidad Nacional de Río Tercero, impulsada por las diputadas Gabriela Estévez (FdT) y Gabriela Brower de Koning (Evolución Radical), obtuvo el respaldo tanto del oficialismo como de la oposición en el Senado.
La Universidad Nacional del Delta, una propuesta del exministro de Economía Sergio Massa, contempla cobertura en los municipios de Tigre, San Fernando y Escobar. Por su parte, la Universidad del Pilar, promovida por el massista Ramiro Gutiérrez, busca consolidarse en el municipio de la zona norte del Conurbano bonaerense.
La resolución ministerial establece la necesidad de revisar el inicio de actividades académicas de estas instituciones universitarias, alegando la importancia de cumplir con lo establecido en las leyes vigentes, evitar duplicaciones y superposiciones estructurales, y garantizar la calidad y pertinencia de la oferta educativa. Este proceso de revisión será llevado a cabo por la Secretaría de Educación.
La medida ha generado diversas reacciones y cuestionamientos, ya que contradice la expectativa generada por la aprobación legislativa previa. La incertidumbre sobre el futuro de estas instituciones educativas se mantiene, mientras el Gobierno busca determinar la efectividad del procedimiento administrativo y la pertinencia de las nuevas universidades en el panorama educativo nacional.