El presidente Javier Milei, en su pulseada por el déficit cero y la reducción de gasto público al mínimo, apelará el fallo a favor de Chubut ante la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, ordenó al equipo legal de la Casa Rosada a pedir un per saltum o un pedido de incompetencia para el Juzgado Federal de Rawson N° 1, el responsable del fallo que ordena la retribución de los fondos de la coparticipación a la provincia.
Adrián Ventura, periodista en Radio Mitre, informó que el Gobierno nacional buscará “todos los caminos legales” para retrotraer la decisión del juez federal Hugo Sastre y, en definitiva, la inclinación a favor sobre el reclamo del gobernador Ignacio Torres. Javier Milei utilizará el recurso del per saltum, es decir, tratará de saltear la instancia inmediatamente superior de apelación para que vaya, de manera directa, al máximo tribunal.
“Vamos a plantear a inhibitoria del juez para que se desprenda de la causa. Vamos a presentar una apelación para que la Cámara Federal revoque este fallo y también vamos a presentar un per saltum para que el tema por encima de la Cámara Federal a la Corte Suprema”, confirmó el periodista.
Minutos antes de conocerse la decisión del magistrado, Milei apuntó contra los gobernadores, en especial contra el bonaerense Axel Kicillof: «Estamos frente a uno de los momentos más maravillosos de nuestra historia, donde es posible ver a la casta política revolcarse en la miseria y apelando a todo tipo de mentiras para defender sus privilegios y así cargar los costos de sus delirios sobre los argentinos de bien».
El fallo a favor de Chubut
Este mismo martes, la Justicia resolvió a favor de la provincia de Chubut en el conflicto que mantiene con el gobierno de Javier Milei por los fondos coparticipables tras la pelea desatada el pasado fin de semana por la retención de 13.500 millones de pesos. Según el Juzgado, el Estado Nacional «habría perdido de vista los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal». Además, «impedían adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a las provincias».
El fallo ordena el «cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos; ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso».
En el segundo punto resolutivo, exhorta a ambas partes a que arbitren «medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial». El tercer punto rechaza la orden en torno a la «devolución de las sumas ya retenidas y a la imposición de condiciones ante una eventual refinanciación».
