El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se jactó este jueves de haber aplicado el protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, en una manifestación que intentaba ingresar a la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del dispositivo de ordenamiento urbano que está tratándose en la Justicia luego de sus primeras aplicaciones durante las movilizaciones del 20 de diciembre último y el pasado 24 de enero.
Macri publicó en X un video en el que se ve a la columna de organizaciones sociales, entre las que destacan Miles, la Corriente Clasista Combativa (CCC) y Barrios de Pie, que venía desde La Matanza, derivar su trayecto y redireccionar la movilización. Marchaban por avenida Brigadier Gral. Juan Manuel de Rosas, en Lomas del Mirador, e intentaron ingresar a territorio porteño. No obstante, se toparon con un cordón de la Policía de la Ciudad que se los impidió.
“ES CON ORDEN”, resaltó el alcalde porteño. Y contó: “Esta mañana, nuestra Policía intervino para evitar que piqueteros que venían de La Matanza ingresara a la Ciudad. Logramos que se retiraran por la misma avenida por la que habían llegado, sin cortar calles ni generar desorden en nuestra Ciudad”. “Trabajamos para garantizar la libre circulación y el orden en la Ciudad. Nuestro objetivo es que convivan los derechos a moverse con libertad por nuestras calles y avenidas y a manifestarse”, concluyó.
El protocolo antipiquetes de Bullrich
A mediados de diciembre último, luego de que asumiera Javier Milei a la Presidencia, Patricia Bullrich presentó el protocolo antipiquetes para evitar cortes en calles y rutas en el país, con la intervención de las cuatro fuerzas federales. “La ley no se cumple a medias; se cumple o no se cumple”, sostuvo en ese entonces la funcionaria. Y agregó: “Si se toman las calles va a haber consecuencias: vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”.
Además, anunció la derogación del “protocolo garantista” de la exministra de Seguridad de la Nación Nilda Garré. Aseveró que no se tomará en cuenta la liberación de vías alternativas durante los cortes. “El propósito de este protocolo es cumplir la ley. Como dice el Presidente, ‘el que las hace, las paga’”, lanzó el pasado 14 de diciembre al brindar detalles del protocolo de ordenamiento urbano.
Bullrich explicó que “las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales”. “Podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes” cuando “hay delito infraganti”, indicó. Destacó además que las fuerzas federales -Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)- “van a actuar en las zonas federales”.
Además, advirtió que no se va a “tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito y circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado todo el espacio de circulación”. La ministra dijo que para llevar a cabo estas medidas, “las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia”.
No obstante, señaló que “serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos. También se van a identificar a los vehículos y a sus conductores registrados. Se van a registrar todas las infracciones administrativas existentes y se va a proceder a incautar a los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyo conductores no tengan la documentación que tienen que tener”.
Asimismo, la titular de la cartera de Seguridad indicó que “en el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños y que no estén los niños -cuando tienen que estar en sus escuelas- en una manifestación”.
Bullrich también sostuvo que “los costos de los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables”. “El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos deberán hacerse cargo”, sostuvo. Y “en caso de tratarse de extranjeros, se mandará la información a Migraciones”, agregó.
