Un tribunal británico ha dictaminado que Argentina debe abonar USD 337 millones en Londres debido a la distorsión de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) durante el gobierno de Cristina Kirchner. La condena forma parte de un juicio por la manipulación de las estadísticas económicas que realizaron funcionarios del kirchnerismo entre los años 2007 y 2015.
La decisión del tribunal ha desatado controversia, ya que, a pesar de los argumentos presentados por los abogados argentinos, la justicia británica considera que este monto no afectará la economía del país sudamericano. Según informes de Bloomberg y el experto en deuda Sebastián Maril, Argentina deberá desembolsar esta cifra en concepto de fianza, como parte de una sentencia total que alcanza los USD 1,500 millones.
Los demandantes, representados por el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, habían reclamado indemnizaciones por las pérdidas sufridas en valores vinculados al crecimiento del país. Entre los fondos de cobertura involucrados se encuentra Palladian Partners LP, conocido por embargar la Fragata Libertad en 2012.
La Argentina tiene tiempo hasta el 5 de abril para depositar el dinero
El experto en deuda Sebastián Maril ha alertado sobre las implicancias de esta decisión, indicando que obliga a pagar ese monto a los beneficiarios del fallo y no suena bien para la Argentina porque el juez dice que no fue persuadido por los daños que puede causar este juicio a la población argentina. El juez Stephen Phillips, encargado del caso, afirmó que, aunque comprende las dificultades financieras que enfrenta Argentina, no está convencido de los argumentos sobre el daño irreparable a la población. El gobierno tiene plazo hasta el 5 de abril para depositar el efectivo en una cuenta fiduciaria.
Esta condena llega en un momento difícil para la economía argentina, que se encamina hacia una nueva recesión. La gestión del presidente Javier Milei, caracterizada por una devaluación de más del 54% de la moneda y medidas de austeridad, ha generado controversias y preocupaciones sobre la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros.
El fallo tiene sus raíces en el default de la Argentina en 2001, que llevó a la reestructuración de deuda. La disputa se intensificó cuando, en 2013 durante la gestión de Axel Kicillof en el gobierno de Cristina Kirchner, Argentina cambió el año base para calcular el crecimiento, lo que afectó los valores vinculados al crecimiento del país.
Los abogados de los fondos de cobertura argumentaron que el cambio buscaba evitar el pago de los bonos y, por ende, obstaculizaron y retrasaron la ejecución del caso. La audiencia final del tribunal de apelaciones se llevará a cabo para determinar si la sentencia de 2023 que obliga a Argentina a pagar la deuda se mantiene.
