La Justicia argentina ha emitido una orden de desalojo para tierras en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, que pertenecían al Ejército Argentino y que, según informes oficiales, habían sido ilegalmente ocupadas por comunidades mapuches. La medida fue tomada tras denuncias presentadas por el Ministerio de Defensa, comandado por Luis Petri, y también por quejas de los vecinos, quienes alertaron sobre la presunta ocupación irregular de terrenos cercanos al Lago Moreno.
Petri destacó en redes sociales: «Las tierras usurpadas vuelven al Estado. La Justicia ordenó el desalojo del predio del Ejército en Lago Moreno, Bariloche, que había sido usurpado ilegalmente. Mis felicitaciones a la Fiscalía y la Justicia por su rápido accionar. Quien usurpa comete un delito, y como dice el presidente Javier Milei: en la Argentina de hoy, quien las hace, las paga.»
El comunicado emitido por el Ministerio de Defensa señala que la institución castrense había denunciado ante la Justicia Federal que estos terrenos, parte de una reserva natural urbana establecida en 2013, habían sido usurpados. Además, se recibieron denuncias de vecinos que indicaban que los ocupantes habrían comenzado a talar la zona con la intención de subdividir el predio y vender los lotes a través de la plataforma WhatsApp.
El Ministerio de Defensa formará parte de la querella
El ministro de Defensa, Luis Petri, expresó su apoyo a la decisión judicial y anunció que la cartera que lidera será querellante en la causa. Se investigarán posibles delitos conexos a la ocupación ilegal, como estafas, defraudaciones, tala de bosques nativos y asociaciones ilícitas.
Con esta instrucción, el Ministerio de Defensa subraya su posición inquebrantable en la defensa de las tierras e inmuebles de las Fuerzas Armadas. La querella abordará tanto el delito de usurpación como las posibles tipificaciones concurrentes, consolidando el compromiso del gobierno con la preservación de los recursos naturales y la legalidad en la tenencia de tierras.
Desde una perspectiva más amplia, este caso es un recordatorio de que la gestión de la tierra y los recursos naturales es un asunto complejo que requiere un equilibrio entre los derechos de las comunidades indígenas, la protección del medio ambiente y la ley. Algunos pueden ver la decisión de la Justicia como una victoria para el estado de derecho y la propiedad privada, mientras que otros pueden verla como una injusticia hacia las comunidades indígenas que han ocupado estas tierras.
