El ex-mandatario Alberto Fernández buscó desligarse de la denuncia por malversación de fondos públicos durante su gestión. Durante la mañana del miércoles 28 se dio a conocer una acusación penal contra el anterior presidente por un decreto del año 2021 en el cual dictaba la obligatoriedad de los entes públicos de contratar los servicios de Nación Seguros.
La problemática y el punto central de la denuncia es que dichas contrataciones se realizaron mediante un intermediario, Héctor Martínez Sosa, quien es el esposo de María Cantero, secretaria privada del ahora ex-presidente. En el decreto nunca se expresó la prohibición de gestores o «brokers«, intermediarios encargados de las transacciones que trabajan por comisión, y uno de los grandes beneficiarios de esto fue Martínez Sosa. Muchos aseguras que Cantero promovió la designación de Martinez Sosa como gestor de seguros en distintas áreas de la gestión pública.
En la acusación también aparece el nombre de Pablo Torres García, empresario cercano al ex-ministro de economía Sergio Massa, que estuvo a cargo de la gestión de seguros del ANSES.
En los momentos posteriores a su regreso al país, luego de una pequeña temporada en España, Alberto Fernández intentó desligarse de la polémica. «Dudo que ella (Cantero) haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó» fueron las declaraciones de Fernández con periodistas de La Nación cuando el nombre de Martínez Sosa salió a la luz. También aseguró que el decreto no tenía intenciones de terminar con un negocio así y que iba en contra del espíritu del mismo; al mismo tiempo, asegura que Martínez mantuvo negocios durante la gestión de Mauricio Macri.
Héctor Martinez Sosa es uno de los productores de seguros de más importantes en Capital Federal, además es un hombre cercano al último ex-presidente desde hace varios años, llegando a mantener una deuda personal con él desde 2008, deuda impaga que fue declarada una vez cerró el período 2023.
La denuncia que fue elevada el 28 de febrero por parte de la periodista Silvia Martínez ya fue sorteada y estará en manos del juzgado federal 11 y del juez Julián Ercolini
