El Gobierno nacional ha tomado la decisión de suspender por tres meses el pago del salario social complementario a más de 22,000 titulares del programa «Potenciar Trabajo» que realizaron movimientos migratorios en avión o crucero. Esta medida, formalizada a través de la Resolución 82/2024, publicada recientemente en el Boletín Oficial, afecta a 22,501 beneficiarios de este programa social.
El «Potenciar Trabajo», creado en 2021, busca mejorar los ingresos de personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica. Además del salario social complementario, ofrece subsidios y créditos ministeriales para proyectos socioproductivos, socio-laborales y sociocomunitarios dentro del marco del programa.
La decisión del Gobierno responde a denuncias de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social en octubre de 2023. Esta entidad solicitó la suspensión de beneficios para aquellos que realizaban viajes al exterior durante la vigencia de su prestación. En enero de este año, el Ministerio de Capital Humano presentó una solicitud autorizada para acceder a la Base de Datos y analizar los movimientos migratorios de los beneficiarios.
La suspensión se aplica a aquellos beneficiarios que realizaron viajes superiores a 30 días fuera de América Latina en avión o crucero. El Gobierno argumenta que estos movimientos contradicen el principio rector del programa, que es la alta vulnerabilidad social y económica al momento del ingreso.
Durante los primeros dos meses de suspensión, los titulares podrán presentar reclamos respaldados por documentación. Cumplido el plazo de tres meses desde la suspensión, sin reclamo, se resolverá el egreso del programa para los afectados.
La Resolución 82/2024, que lleva la firma del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo María de la Torre, establece también la notificación a la Unidad Fiscal y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La medida involucra a 22,501 titulares del programa Potenciar Trabajo, quienes, según la norma, han perdido su condición de vulnerabilidad social. La causa original por presunto «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público» fue iniciada en octubre de 2023, durante la gestión anterior, y ahora se encuentra en la secretaría Nro. 2 del Juzgado Federal Nro. 1, con intervención de la Fiscalía Federal 5. Se han librado oficios para determinar la compatibilidad e incompatibilidad de los beneficiarios, solicitando datos desde la creación del beneficio hasta la actualidad.
