El Gobierno nacional ha decidido que la Oficina Anticorrupción (OA) vuelva a asumir el rol de querellante en casos emblemáticos de corrupción kirchnerista. La decisión, ordenada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se produce después de críticas de la oposición sobre un supuesto pacto de impunidad con Cristina Kirchner.
La OA, liderada por Alejandro Melik, ha iniciado un relevamiento de todas las causas de corrupción en etapa de instrucción en Comodoro Py, con el objetivo de retomar las querellas de las que se retiró durante el gobierno de Alberto Fernández. Este movimiento apunta a retomar la participación en 32 expedientes, entre ellos, Hotesur, Los Sauces, Cuadernos, Odebrecht y YCRT.
La decisión ha sido respaldada por el Ministerio de Justicia, que ha enfatizado que no hay un pacto de impunidad y que la corrupción es un tema grave que debe abordarse. Sin embargo, se destaca que la querella será una excepción y no la actividad principal de la OA.
Cristina y funcionarios del kirchnerismo en la mira
Se espera que la OA asuma querellas en casos de envergadura y aquellos de los que se retiró durante la gestión anterior. Entre los casos a revisar se encuentran Los Sauces y Hotesur, donde están acusados Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, junto a Lázaro Báez por lavado de dinero.
Además, se considera la posibilidad de que la OA intervenga en casos como el de Odebrecht, que involucra irregularidades en contratos de obra pública y sobornos, con figuras destacadas como el exministro Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López. También se examina la participación en el caso de los Cuadernos de las Coimas, que ha llegado a juicio oral y tiene como principal acusada a Cristina Kirchner por dirigir una asociación ilícita.
Actualmente, la iniciativa solo involucra a la Oficina Anticorrupción. Todavía no se ha determinado si la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) adoptarán una medida similar. En la época de Mauricio Macri, todas estas entidades del Poder Ejecutivo desempeñaron un papel activo como querellantes en más de 40 casos de corrupción.
