Movimientos sociales protestaron este viernes en unos 500 puntos de todo el país, centrados en la ciudad de Buenos Aires, frente al edificio donde funciona el Ministerio de Capital Humano. Sobre la avenida 9 de Julio, repudiaron la falta de asistencia a los comedores populares por parte del gobierno de Javier Milei. Hubo momentos de tensión con la Policía, en el marco del protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Pueden pasar los autos. Estamos defendiendo el derecho a la manifestación. Es una movilización alrededor de lo de la señora (ministra de Capital Humano, Sandra) Pettovello para que nos explique por qué le cortó la comida a 45.000 comedores populares”, sostuvo el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, según NA. Y agregó: “Defendemos el derecho a comer de los trabajadores”.
La manifestación se centró en el cruce de las calles Carlos Pellegrini y Juncal, lo que generó complicaciones en el tránsito. Debido a la cantidad de manifestantes, el operativo policial se vio desbordado y no pudo hacer cumplir el protocolo antipiquetes. Un fuerte cordón policial buscó liberar la zona, por lo que se produjeron algunos forcejeos entre uniformados y manifestantes: los efectivos arrojaron gas pimienta.
La reacción del Ministerio de Capital Humano
La cartera de Capital Humano explicó este viernes que la compra de alimentos que administraban las organizaciones sociales “representa sólo el 4,2% de la inversión del Estado en materia alimentaria. Además, sostuvo que se decidió que ese porcentaje se destine directamente a los comedores para “terminar con la extorsión”.
“Para terminar con esta herramienta de extorsión y el negocio multimillonario para el cartel de empresas proveedoras de alimentos del estado decidimos que este 4,2% de asistencia que controlaban las organizaciones sociales sea destinado directamente a los comedores. A su vez, deberán rendir cuenta de la comida que compran”, explicó la cartera encabezada por Sandra Pettovello en un comunicado.
Asimismo, advirtió que “la discrecionalidad en la elección de los beneficiarios era total, la calidad de los alimentos más baja en términos nutricionales y los costos de los alimentos mucho más altos que en cualquier supermercado por la burocracia que implica la compra y la distribución”. “El control de lo que sucedía con la mercadería una vez que abandonaba los depósitos del Estado era nulo”, explicó.
Según el escrito divulgado, “respecto a la compra directa de alimentos secos, que sólo representa un 4,2 % de lo que el Estado invierte en política alimentaria. El 50% se encuentra en proceso licitatorio, mientras que para el otro 50% se están reasignando los fondos a los otros programas alimentarios que tienen mayor alcance”.
En este sentido, se indicó que esta modalidad “cuenta con algunas desventajas, como la posibilidad de que la comida se pudra, se demoren los tiempos de entrega o haya falta de control en las entregas”. “Sabemos que el proceso de normalización de la economía que iniciamos cuando asumimos afecta sobre todo a los que menos tienen. Es por eso que en el área más sensible también estamos haciendo cambios de raíz”, recalcó.
Capital Humano también destacó que la tarjeta Alimentar es “la política más eficiente a la hora de asegurarnos que no haya un argentino que pase hambre. Llega de forma directa al bolsillo de 3.8 millones de personas sin ningún intermediario”. Y permite que “las familias coman juntas en sus casas y que puedan consumir alimentos frescos como carne, pollo y queso que tienen mejor calidad nutricional”, agregó.
En esa línea, recordó que se duplicó la cantidad de dinero que reciben los beneficiarios de la tarjeta Alimentar, para “asegurar su acceso a la canasta básica de alimentos”. “Nos comprometimos a eliminar la intermediación y lo estamos haciendo. Ya no van a ser las organizaciones piqueteras las que tengan a su cargo la distribución de los alimentos y de los planes sociales que paga el estado nacional con el dinero que aportan los argentinos que trabajan”, abundó.
Por otra parte, se informó que “el gasto alimentario para 2024 será de un $ 1.588.000.000.000 para este año”. Además, $ 47.000 millones estarán destinados a los servicios alimentarios escolares (SAE). En tanto, $ 53.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Y $ 74.000 millones para la compra de alimentos y $ 14.585 millones a otros programas”.
Por último, precisó que este mes “se transfirieron $ 132.000 millones a través de la tarjeta Alimentar a los más de 3,8 millones de beneficiarios de este programa”. Y se mencionó que a través del PNUD, “en los últimos dos meses se han aumentado las partidas un 75% y se firmaron nuevos convenios con comedores e instituciones”.
