El Gobierno de Javier Milei decretó la intervención de varios medios públicos en la Argentina, incluyendo Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA), TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar. Este anuncio, realizado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 111/2024, ha generado una gran controversia y ha dejado a la población y a la industria mediática en vilo.
De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, la medida, que inicialmente abarca un periodo de un año, prorrogable por uno más, tiene como objetivo principal «reformular y readecuar las sociedades» y «modificar las contrataciones y la estructura del personal», en otras palabras achicar el gasto. La intervención se llevará a cabo bajo la supervisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyo titular, Nicolás Posse, tendrá la facultad de extender la intervención por única vez.
Diego Martín Chaher, antiguo administrador del Grupo América durante casi dos décadas, ha sido designado como interventor, mientras que Diego Sebastián Marías, exlegislador porteño de Pro y miembro del Consejo de la Magistratura, será el interventor adjunto. Ambos, con experiencia en el ámbito legal y administrativo, se espera que lideren el proceso de intervención y ejecuten las reformas propuestas por el Gobierno.
La jugada del Gobierno de Milei
La decisión de intervenir estos medios públicos ha despertado especulaciones sobre las intenciones detrás de la medida. Se cree que esto podría allanar el camino hacia la privatización de estos medios, en consonancia con las promesas de campaña de Milei y la autorización contemplada en la Ley Omnibus que actualmente se debate en el Congreso de la Nación.
Fuentes cercanas a RTA expresaron su preocupación, señalando que los interventores designados son abogados con experiencia en la administración de medios, pero con menos conocimiento sobre programación. La sensación que da es que vienen a tratar de achicarlo y plantear la privatización como la última instancia.
Los objetivos específicos de la intervención, según el decreto, incluyen la evaluación y posible modificación de personal, la aprobación de un nuevo Estatuto, la revisión y posible ajuste del régimen de administración de fondos, así como la realización de una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones. Además, se espera que la intervención presente una rendición de cuentas, designe funcionarios y personal, y se encargue de mantener la sustentabilidad de las empresas afectadas.
