En medio de fuertes críticas y tensiones laborales, el Gobierno nacional a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció oficialmente el despido de 200 empleados de la empresa estatal de agua AYSA. Sin embargo, la medida no solo generó rechazo entre los trabajadores, sino que también avivó la polémica en torno a la intención del oficialismo de privatizar la compañía.
Adorni, defendió la decisión de echar empleados para ajustar las cuentas de la compañía, comparándola con la venta de un auto: «Esto es como cuando vendés tu auto. Cuando te lo vienen a ver, se lo mostrás lavado, sin problema de chapa ni de pintura. Con las empresas pasa lo mismo». Esta declaración provocó aún más críticas y preocupación entre los sindicatos y la oposición.
La actualización de la situación en AySA llega después de que el presidente Javier Milei expresara su intención de privatizar la empresa, junto con los trenes y los medios públicos. Adorni señaló que la privatización es parte de la estrategia para «poner en valor» a la empresa, haciendo hincapié en la eficiencia y la necesidad de evitar que el Estado sostenga empresas con problemas.
«Dentro de las empresas a privatizar, o que el presidente tiene la intención de que no sigan siendo parte del patrimonio estatal, hay varias que hay que ponerlas en valor y hacer que funcionen de manera más eficiente. Esto no es ‘que se arregle el que viene’ porque sino el perjuicio argentino va a ser mucho mayor porque la empresa va a tener mucho menos valor cuando se la quiera vender», aseguró el comunicador del Gabinete nacional.
¿Qué dicen los sindicatos y empleados de AYSA?
La medida generó un fuerte rechazo sindical, con rumores de posibles recortes de plantilla adicionales. Desde AySA, argumentan que los despidos afectan a personal sumariado, con inasistencias injustificadas o vinculados a cargos políticos de la gestión anterior.
La situación en AySA se torna cada vez más tensa, con alertas sindicales y preocupaciones sobre el futuro de la empresa bajo la gestión de Milei, quien ha reiterado su enfoque en privatizar todo lo posible. Mientras tanto, la incertidumbre laboral crece y la polémica sobre la «puesta en valor» de la empresa estatal continúa en el centro del debate político.
