El gobierno de Javier Milei y las provincias argentinas enfrentan un nuevo conflicto debido al freno en las transferencias a las cajas jubilatorias especiales. Esta situación ha generado un clima de tensión que se intensificará en la próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, programada para el 4 de abril en Casa Rosada.
Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el gobierno de Milei detuvo los giros que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) realizaba a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Estas transferencias, que venían siendo reclamadas desde la asunción de Milei, han sido suspendidas, lo que derivará en nuevas presentaciones judiciales por parte de los distritos afectados, algunos de los cuales han llegado incluso a la Corte Suprema de Justicia en oportunidades anteriores.
Las partidas destinadas a estas cajas jubilatorias no transferidas están contempladas en el presupuesto nacional y benefician a provincias de diversos signos políticos, entre ellas Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Hasta diciembre pasado, estas provincias recibían estas partidas sin actualizaciones, incumpliendo la ley. Sin embargo, desde enero, la Casa Rosada no ha realizado ningún giro adicional, ni siquiera a valores históricos, lo que ha generado una deuda acumulada respaldada por ley.
Los mandatarios de las jurisdicciones afectadas están considerando recurrir a la Justicia para resolver este tema, que ha generado tensiones financieras significativas a nivel provincial, informó NA. La propuesta de utilizar parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para saldar la deuda con los sistemas previsionales provinciales, planteada durante la gestión de Anses a cargo de Osvaldo Giordano, no fue aceptada.
Este conflicto evidencia las dificultades estructurales del sistema previsional argentino y la necesidad de abordar reformas para garantizar su sustentabilidad a largo plazo. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la relación entre aportantes y beneficiarios varía considerablemente entre provincias, lo que subraya la urgencia de implementar medidas para equilibrar el sistema y evitar un crecimiento insostenible del gasto jubilatorio.
