El Gobierno de Santa Fe informó mediante un comunicado la cantidad de dispositivos que fueron confiscados en distintas unidades penitenciarias de la provincia. En total, 1.800 teléfonos móviles fueron requisados desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro, actual gobernador de Santa Fe que inició su gestión hace 3 meses.
?En 3 meses se incautaron más de 1.800 celulares en las unidades penitenciarias santafesinas por encima del total de lo secuestrado en los últimos 4 años.
— Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) March 27, 2024
El gobernador @maxipullaro inspeccionó el resultado de las requisas, y destacó que “producto del control de las cárceles, y… pic.twitter.com/lsAsH6zLSD
El gobernador manifestó que esta acción se tomó en un marco de mucha violencia y criminalidad. «Muchos delitos se cometían desde la cárcel, con teléfonos celulares. Producto del control que se está teniendo de las cárceles, y de la imposibilidad de comunicarse, hoy hay delitos que empiezan a bajar, fundamentalmente el robo y la extorsión», detalló.
Operativo para el secuestro de teléfonos móviles
El secuestro de los celulares se dio, según expresa Pullaro, gracias a «las herramientas que la Legislatura brindó y que permitieron intervenir con más fuerza». El gobernador dio a conocer las cifras y el plan de acción durante una visita a la Dirección General de Asuntos Penitenciarios. Lo acompañaron Pablo Cococcioni, ministro provincial de Seguridad, y Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales.
La estrategia para lograr esta efectividad fue restituir a grupos de requisas organizados. «La decisión fue volver a un solo grupo que irrumpe de manera no anunciada y sorpresiva, no se le avisa a los directores de unidad. Reporta directamente a la directora del Servicio Penitenciario, por vía de su plana mayor. Esto permite, por supuesto, una mayor efectividad, porque quienes están en el grupo de requisas no tienen contacto regular y familiar con los privados de la libertad. Actúan como un grupo de choque externo», explicó el ministro de Seguridad.
Cococcioni comentó: «Estos 1.800 celulares son equivalentes, en número, a todos los secuestrados en los cuatro años anteriores». También manifestó: «La realidad no exige ser contundentes con nuestra acción. […] en un contexto de criminalidad organizada, no tenemos más alternativa que proceder de esta manera, porque no podemos permitir que los delincuentes sigan manejando sus organizaciones desde dentro de la cárcel.«
