El Gobierno nacional propuso dos candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia a través de un comunicado de la Oficina del Presidente. De esta forma, la gestión de Javier Milei enviará los pliegos para postular a Ariel Lijo, actual juez federal de Comodoro Py, y a Manuel García-Mansilla, quien se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
La nominación de Lijo es para reemplazar la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco tras su salida el 1 de noviembre del año 2021. En cuanto a la postulación de García Mansilla, el presidente consideró su persona para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá dejar en esa fecha su cargo, como estipula el artículo 99 de la Constitución Nacional.
«Los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande a nuestro país no serán permanentes a menos que contemos con una Justicia que defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Que Dios bendiga a los argentinos y que las Fuerzas del Cielo nos acompañen», cerró el documento.
Quiénes son los jueces que podrían ocupar los puestos de la Corte Suprema
En primer lugar, Ariel Lijo es el titular del Juzgado Federal N° 4 en lo Criminal y Correccional en Comodoro Py desde el 2004. Una de las causas más famosas a su cargo fue el de la impresora de billetes, la ex Ciccone Calcográfica, en 2012. El magistrado procesó y envió a juicio oral al ex vicepresidente, Amado Boudou, por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por esta causa.
Además, fue el primero que tuvo la denuncia que el fiscal federal Alberto Nisman presentó en 2015 contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, por presunto encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA. También tuvo a su cargo los expedientes del ataque a la mutual judía.
En el caso de Manuel García-Mansilla, además de decano, es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) desde 2014 y miembro de una firma de abogados desde 2010. En 2018, aprobó una maestría en leyes en la Universidad de Georgetown y se doctoró en la Universidad Austral el año pasado.
