La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanza con una batería de proyectos de ley en el Congreso de la Nación en materia de seguridad interior y combate a las mafias del crimen organizado. Sobre este tema existen divergencias puertas adentro del Gobierno nacional, sobre todo con la vicepresidenta Victoria Villarruel respecto al rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
El borrador de cada una de estas iniciativas ya lo presentaron tanto Bullrich como su par de Defensa, Luis Petri, ante la Casa Rosada. También se le hizo llegar de forma confidencial a los bloques oficialistas de La Libertad Avanza y el PRO, consignó NA. En tanto, la titular de la cartera de Seguridad le respondió en las últimas horas a Villarruel, quien había cuestionado el envío de las FF.AA. a la ciudad de Rosario, Santa Fe.
Bullrich alentó a “sacar a las FF.AA. del rincón de la penitencia” para entrar “a la democracia”. Villarruel había sostenido que “la función de las FF.AA. no es combatir a civiles”. “Quedó claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron presos”, añadió la titular del Senado de la Nación. Al respecto, Bullrich sostuvo que “mantener a las FF.AA. siempre viviendo en el pasado es malo”. Además, aclaró que no volverá a “pasar lo mismo que en los 70”.
En esa línea, Bullrich apuntó contra la vice: “Creo que ella está más volcada a pensar que la historia puede repetirse en las FF.AA. Yo estoy convencida de que la gran decisión que deben tomar los gobiernos es dar saltos en la historia que permitan que nunca más se pueda repetir los malos momentos de nuestra historia. Creo que estamos en un momento justo para que las FF.AA. entren de pleno en la democracia”.
El paquete que envió Bullrich al Congreso
Una de las iniciativas del paquete de proyectos es la llamada “Ley Antimafia” para combatir a las organizaciones criminales de tráfico de drogas, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, y otros delitos complejos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, había asegurado Bullrich la semana pasada durante la presentación del conjunto de proyectos de ley.
La iniciativa incluye la acción de extinción de dominio, que consiste en la desposesión de bienes de quienes hayan sido causantes probados de ese tipo de delitos. Otra iniciativa es la que incorpora el instituto de “reiterancia” al Código Procesal Penal y otorga prisión preventiva a quienes tengan causas previas al delito por el cual están siendo investigados.
“Hasta ahora se consideraba reincidente a toda persona condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Entonces hay un montón de casos de delincuentes con innumerables condenas con libertad condicional sin ser nunca reincidentes”, explicaba Bullrich. “Con esto cortamos la impunidad que siente la gente. La impunidad se termina con la ley de reiterancia”, agregaba la ministra.
Registro de ADN
Además, la cartera de Seguridad presentará un proyecto para ampliar el registro de ADN a todos los delitos para una “identificación más precisa de los criminales”, estén imputados o condenados. “Cada uno de los delincuentes que entre a una dependencia policial, cárcel, o que comience una imputación, se le hará una prueba de ADN y a partir de ahí todos los imputados y condenados por delitos sexuales, van a dejar sus huellas genéticas”, puntualizó Bullrich.
También está en carpeta una “ley antipiquete” para garantizar el orden público y la libre circulación. Se aplicaría sobre aquellas personas que organicen cortes, instiguen a otras personas a hacerlo, fuercen a terceros a asistir a una manifestación mediante coacción, bloqueen establecimientos o intimiden a funcionarios públicos.
“Ya dijimos y venimos demostrando que no permitimos el entorpecimiento de la circulación por parte de manifestantes. Un derecho termina donde comienza otro. Está clara determinación la acompañamos con la Reforma del artículo 194 del Código Penal, que propone el aumento de las penas para aquellos que organizan manifestaciones, que instigan al corte de calles o que obligan a la gente a participar de las manifestaciones, bajo promesas de remuneración, amenazas”, explicó. Y detalló: “Las condenas irán de cuatro a seis años de prisión”.
Legítima defensa
En tanto, Bullrich impulsa un proyecto de ley para reformular el concepto de la legítima defensa y el cumplimiento del deber de parte de fuerzas federales. Esto, de manera tal de no disuadir la rápida represión de presuntos delitos de agentes de seguridad. “Cuando un miembro de un miembro de la fuerza de seguridad está cumpliendo con su deber, no es legítima defensa. Hemos planteado un artículo 34, tal cual lo hizo Uruguay y Chile, para cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios”, señaló.
Y detalló que para configurar la legítima defensa “se suman elementos como diferencia de edad, contextura física y número de agresores”. “Hoy le pegan a un policía y es como si nada, pero esto se termina. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad”, subrayó.
El proyecto más polémico
Una de las medidas más polémicas anunciadas tiene que ver con el proyecto de ley para modificar el artículo 37 de la Ley de Seguridad Interior para que las fuerzas militares puedan intervenir en el combate al “narcoterrorismo”. Al respecto, Petri explicó que con esta medida los uniformados militares “van a quedar habilitados a realizar tareas y operaciones de seguridad interior como patrullajes, control de personas y vehículos, control de instalaciones y como aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos”.
