Después del revés sufrido con la caída de la Ley Ómnibus y la media sanción en el Senado para el rechazo del megadecreto, el presidente Javier Milei ha optado por seguir adelante con un plan alternativo: intensificar el ajuste y el ahorro para el Estado, con el objetivo de reducir el déficit fiscal de manera significativa. Este nuevo enfoque se ha manifestado con un recorte sin precedentes del 54,5% en las transferencias a empresas públicas durante el primer bimestre del año. Ejemplos claros de esta medida son AySA y Aerolíneas Argentinas.
Ambas empresas estatales ni siquiera han recibido fondos en los dos primeros meses del año, de acuerdo a un informe de la asociación de presupuesto ASAP. Este enfoque también se ve respaldado por un análisis detallado del Ministerio de Economía. Se destaca una reducción planificada de los subsidios económicos en un 0,7% del PBI.
La estrategia de Milei también incluye una revisión exhaustiva del sector energético y del transporte, con reducciones significativas en los fondos destinados a compañías como Cammesa y las empresas ferroviarias. Estos recortes son parte de un esfuerzo más amplio para racionalizar el gasto estatal y hacer que las empresas públicas sean más eficientes en su funcionamiento.
La estrategia de Milei también incluye una revisión exhaustiva del sector energético y del transporte, con reducciones significativas en los fondos destinados a compañías como Cammesa (compañía encargada de administrar y operar el mercado mayorista de electricidad en el país) y las empresas ferroviarias. Estos recortes son parte de un esfuerzo más amplio para racionalizar el gasto estatal y hacer que las empresas públicas sean más eficientes en su funcionamiento.
¿El ajuste de Milei obliga a mejorar el desempeño de las empresas públicas o las perjudica?
La eficiencia operativa de estas empresas públicas se ha convertido en un tema de debate. Al día de hoy, existen opiniones divididas sobre si los recortes presupuestarios son la mejor manera de abordar los desafíos financieros del país o si podrían generar consecuencias negativas a largo plazo en términos de calidad de servicio y desarrollo económico.
En este sentido, la oposición señala que los recortes abruptos en empresas públicas podrían llevar a despidos masivos, reducción de servicios y deterioro en la infraestructura. A su vez, podría afectar la calidad de vida de los ciudadanos y obstaculizar el crecimiento económico.
