Trabajadores vinculados a la Casa Rosada y afiliados al sindicato ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) han levantado nuevamente la voz ante lo que denuncian como una serie de medidas que atentan contra sus condiciones laborales y económicas. El corazón del conflicto radica en la reducción de horas extras y los despidos que, según los empleados , están erosionando su estabilidad financiera.
En un comunicado emitido ayer y citado por la agencia NA, los representantes de ATE-Presidencia de la Nación, expresaron su descontento y frustración ante lo que consideran una política salarial desigual e injusta. «La gestión de Gobierno ha mostrado, nuevamente, su decisión de empobrecer nuestros salarios con la quita de horas extras, mientras el Presidente se aumentó el 48% su sueldo por decreto», señalaron los delegados.
«Eso no es un error, es decisión política, sin ética ni moral, en plena crisis económica y social que afecta a todos. Mientras los funcionarios cobran millones, a nosotros nos dejan con sueldos de indigencia», comentaron desde el comunicado que se hizo viral en las redes sociales, reflejando el malestar y la indignación de los empleados estatales.
«Somos trabajadores orgullosos»
En un tono de firmeza y determinación, los afiliados de ATE reafirmaron su compromiso con la labor que desempeñan y su rechazo a las medidas que consideran lesivas para sus derechos laborales. «No somos casta, somos trabajadores orgullosos de la Presidencia y ese orgullo transforma el miedo en organización y resistencia», enfatizaron, haciendo hincapié en la importancia de la solidaridad y la unidad entre sus filas.
El mensaje concluyó con una clara advertencia: «Estamos en estado de alerta y movilización en defensa de nuestros derechos. Ni un despidos más, reincorporación de los compañeros despedidos y devolución de las horas extras como adicional en el recibo de sueldo». Un llamado enérgico que resalta la determinación de los trabajadores de la Rosada de luchar por condiciones laborales justas y equitativas.
Esta disputa refleja no solo una preocupación por las condiciones laborales individuales, sino también una demanda más amplia de justicia económica y equidad dentro de la administración pública. El Gobierno quiere llegar al equilibrio fiscal en el 2024 y está dispuesto a echar empleados, reducir gastos innecesarios y cortar de cuajo organismos estatales como ya lo hizo con el INADI y el Ministerio de las Mujeres. Reducir la planta de trabajadores en La Casa Rosada es otro de los objetivos.
