La Cámara de Diputados ha aprobado un dictamen que implica que las mujeres accedan a sus respectivas jubilaciones a partir de los 65 años y no a los 60. Las que no puedan jubilarse a esa edad por no tener los 30 años de aporte podrán acceder a un haber equivalente al 82% de una jubilación mínima, algo similar a lo que se conoce hoy como la PUAM.
La medida implica la derogación de la ley 27.705, que anteriormente permitía que las mujeres se jubilaran a partir de los 60 años. Los que no lleguen con los aportes accederán a La Prestación de Retiro Proporcional será equivalente al haber mínimo establecido por la ley 27.260, conocida como la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que actualmente asciende a $152.113, más un bono adicional de $70.000.
La moratoria previsional, que permitía a personas con años de aportes insuficientes acceder a la jubilación, se mantendrá para casos muy antiguos, pero con poco impacto en la actualidad. El dictamen también crea un régimen permanente para la Prestación de Retiro Proporcional, delegando al Poder Ejecutivo la tarea de establecer los parámetros y condiciones para su acceso.
En el 2023, el 82% de las nuevas jubilaciones otorgadas fueron a través de moratorias
De acuerdo a datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), en 2023 el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) otorgó un total de 479.848 altas de jubilación por vejez, un 35% más que en el año anterior. De estas altas, el 82,5% se concedieron a través de la moratoria, siendo la mayoría mujeres.
La aprobación de este dictamen marca un punto de inflexión en el sistema de jubilaciones argentino, ya que ajusta las condiciones de acceso a las prestaciones en línea con las realidades demográficas y económicas del país. Al elevar la edad de jubilación para las mujeres y establecer requisitos más estrictos, se pretende garantizar la viabilidad financiera del sistema previsional a largo plazo, evitando un agotamiento prematuro de los fondos y asegurando la equidad en el acceso a las prestaciones.
Sin embargo, la medida también genera preocupación entre ciertos sectores de la sociedad, especialmente entre aquellas mujeres que enfrentan condiciones laborales precarias o períodos de desempleo prolongado, dificultando la acumulación de los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación completa.
