El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Gobierno nacional dio marcha atrás en los aumentos al Registro Automotor. Los mismos se habían establecido este martes en el Boletín Oficial. A través de sus redes sociales, el funcionario comunicó que, luego de reevaluar la situación, se han dejado sin efecto dos resoluciones emitidas horas atrás.
“Luego de reevaluar la situación hemos decidido dejar sin efecto dos resoluciones que se conocieron hoy”, aseveró Cúneo Libarona en un posteo de X (antes Twitter). En esta línea, remarcó: “Se suspende así el aumento de los formularios y de los ingresos de los encargados de los registros automotores”. Dicho mensaje estuvo acompañado por la captura de pantalla de las resoluciones ya “sin efecto”.
Así, se suspende el aumento de los formularios y de los ingresos de los encargados de los registros automotores, aunque no se proporcionaron detalles sobre las razones detrás de esta decisión. La resolución modificaba los aranceles percibidos por los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, junto con los montos mínimos y máximos para la liquidación de emolumentos por parte de los encargados de estos registros.
Los cambios implicaban la actualización de los anexos que detallan los aranceles y montos, con el propósito de asegurar una relación proporcional con los valores de los bienes registrados y mantener el equilibrio económico-financiero de los registros. Según informes filtrados, los aranceles no habían experimentado cambios desde 2023, cuando fueron ajustados en junio y octubre, entrando en efecto el 1º de noviembre del mismo año.
En qué consistía la medida que se revirtió
En lo que representaba otro golpe al bolsillo de los automovilistas, la cartera de Justicia había decidido aplicar una nueva suba en todos los formularios que se utilizan en los Registros del Automotor. Eso involucra desde el formulario 01 de inscripción inicial hasta el 08 de transferencia. En enero ya se había aplicado una suba sobre todos esos formularios. A partir de la trunca resolución, las subas iban a ser, en promedio, del 40%, según NA.
Además, el Gobierno había decidido aumentar los ingresos que perciben los encargados de los registros, frenados desde octubre del año pasado. Es un aumento por inflación. Sin aumentos, el Ministerio de Justicia se quedaría sin ingresos porque bajó mucho la venta de autos, dijeron desde la cartera. Apenas asumió, el Gobierno apuntó a una profunda digitalización de todos los trámites, pero ese proceso todavía no se concretó.
Los cambios figuraban en el DNU 823. Eran 13 artículos que modificaban artículos e incisos de un decreto de 1958 -luego ratificado por una ley de 1997, durante el gobierno de Carlos Menem- donde se regula el régimen jurídico del automotor. Luego, el Gobierno lanzó una auditoría de 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.
La resolución también ponía en marcha una fiscalización digital de otros 25 registros. “Vamos a analizar variables como los plazos en que los registros cumplen los distintos trámites, ver si hay irregularidades, si la gente recibe un buen servicio. Si detectamos problemas, que pueden surgir de negligencia o impericia, pero también de ilícitos, la siguiente etapa es la fiscalización in situ”, explicaban desde la cartera de Justicia.