Graciela Ocaña, legisladora porteña de Confianza Pública, manifestó que hizo todo lo posible políticamente para frenar la jubilación de privilegio de Alberto Fernández, pero no lo logró. En ese marco, Ocaña dijo que la Anses no debería haber avanzado en el trámite, ya que Fernández actualmente no reside en el país, sino que se encuentra en España donde posee casa propia y dos cuentas bancarias.
«La Anses aparentemente le liquidó la jubilación de privilegio desde el 11 de diciembre y estamos hablando que es el equivalente a unas 150 jubilaciones mínimas. El organismo podría haber evitado el pago, porque para percibirlo se debe residir en el país, esta condición sabemos que no la cumple Alberto Fernández, porque desde que dejó el Gobierno nacional ha permanecido en España, donde tiene una casa y dos cuentas bancarias», disparó Ocaña en una entrevista para Radio Rivadavia.
«Nosotros le notificamos por escrito a la Anses para que no le resolviera el tramite jubilatorio hasta que Alberto volviera al país, pero el titular del organismo no escuchó ni a nosotros ni a las más de 58.000 personas que firmaron en Chance.org para apoyar esta iniciativa. Estoy indignada por todo esto, porque los jubilados de la mínima van a cobrar en dos cuotas la jubilación de 240.000 pesos en abril mientras Alberto no», relató la exministra de Salud nacional.
«La Anses debería suspender la jubilación de Alberto Fernández porque no cumple con los requisitos, segundo tomar uno de los proyectos para suspender este régimen de privilegios definitivamente, tercero habría que pagarle a los expresidentes el máximo permitido por el sistema, que hoy no llega al millón de pesos, como sucede con el resto de los ciudadanos», explicó Ocaña.
Ocaña advirtió a la Anses
«Hay una emergencia previsional y se podría haber tenido en cuenta esto para no pagar la jubilación de Alberto Fernández. El otro problema es que hoy el jubilado que ganó un juicio contra Anses no puede cobrar porque está el organismo en emergencia», señaló la vicepresidenta tercera de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
«El caso de Amado Boudou o Cristina Kirchner que están condenados por corrupción en la Justicia piden retroactivos de 50 o 200 millones de pesos y esto no puede seguir así», resaltó la dirigente que militó en Juntos por el Cambio y que hoy permanece en un partido autónomo con dirigentes del radicalismo de centroizquierda.
