El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, dijo que la mayoría de los ceses laborales en el sector público nacional están justificados, porque no cumplen ninguna función indispensable. En diciembre, cuando Javier Milei asumió como presidente de la Argentina, el Estado nacional contaba con 341.477 empleados; sin embargo, 2 meses después, el Gobierno ya había eliminado 9.000 puestos de trabajo, y esta semana se han ordenado otros 15.000 despidos adicionales.
«Acá hay que entender que estamos frente a un gobierno que entiende que la política tiene que estar al servicio de la gente que sería el buen empleado público y el contribuyente. 8 de cada 10 despidos eran ñoquis, es decir, personas que ocupaban un lugar en el Estado y no cumplían ninguna función, o sea, se la pasaban tomando mate y comiendo medialunas», disparó Espert en una entrevista para Radio Continental.
El caso de Chocolate que recordó Espert
«Hay otros ñoquis que son un DNI para que el político utilice ese sueldo para el financiamiento de la campaña política como el caso de Chocolate», arremetió el economista. «Chocolate» es un electricista de 65 años, quien en 2019 se presentó como precandidato a concejal suplente en la lista del Partido Justicialista.
El año pasado Chocolate fue detenido cuando retiraba dinero con 48 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, teniendo en su poder $1.257.000 en efectivo, resultado de extracciones metódicas que realizaba con los plásticos.
La reducción de empleados públicos en Argentina, como reflejo de la política de austeridad impulsada por el gobierno de Javier Milei, plantea importantes interrogantes sobre la eficiencia y la transparencia en el sector estatal. Las declaraciones de José Luis Espert, respaldando la medida y señalando la existencia de empleados «ñoquis», ponen de manifiesto la necesidad de una gestión eficaz de los recursos públicos y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.
Desde la oposición consideran que el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de eficiencia y ahorro en el sector público y el respeto por los derechos y la dignidad de los trabajadores. Aunque, se sabe que la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con el bienestar de la sociedad son fundamentales para garantizar una gestión estatal responsable.
