La Cámara de Diputados iniciará este lunes el debate de la nueva ‘Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’. Se trata del proyecto que negoció en su totalidad con los bloques dialoguistas durante más de un mes, tras el estrepitoso fracaso de febrero. En este caso, el debate incluirá el apartado fiscal. Será a menos de un mes de la convocatoria al “Pacto del 25 de Mayo”, motorizado por el presidente Javier Milei.
El oficialismo arribó a un consenso mayoritario recién el miércoles pasado tras extensas rondas de negociaciones entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación. Eso destrabó el tira y afloje y permitió que, el jueves último, se realizara el plenario de comisiones para lograr plasmar un dictamen de mayoría.
Así, el proyecto quedó listo para tratarse el lunes. La sesión se extendería al martes y, posiblemente, también al miércoles a la madrugada. La Libertad Avanza intentó en reiteradas oportunidades abarcar varios ejes reformistas, pero algunos tópicos que impulsaban determinados bloques quedaban rechazados.
La versión final no terminó de conformar a nadie a excepción de La Libertad Avanza y del PRO. Pese a esto, su votación en general está garantizada con un piso de 135 votos a favor. Difícilmente puedan perforar los 150 votos, que sería el techo. En el pelotón de apoyos aparecen 38 votos de La Libertad Avanza, dos de Buenos Aires Libre, tres del MID, tres de Independencia, 37 del PRO. También, al menos 17 de los 22 de Hacemos Coalición Federal (HCF), 29 de los 35 radicales, ocho de Innovación Federal y uno de Creo, según NA.
La parte más difusa y empinada vendrá después, en la votación en particular. Pues, hay artículos que penden de un hilo y podrían caerse si el oficialismo no ajusta las clavijas hasta el último momento. La fuerza del Gobierno nacional deberá maniobrar con astucia y pericia hasta el final para que no se escabulla ningún voto.
Diferencias positivas en los procesos de negociación
El oficialismo debió sacrificar artículos para poder arrimarse a un dictamen firmable por las fuerzas de la oposición dialoguista. Por ejemplo, eliminó el artículo sobre desregulación económica y quitó el de Defensa de la Competencia. Además, redujo a cuatro las declaraciones de emergencia y achicó a ocho la lista de empresas sujetas a privatización (dejando afuera el Banco Nación).
También amplió la lista de organismos del Estado a salvo de cualquier intento de disolución y suprimió el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que habilitaba la venta de acciones. No obstante, quedó un documento de 240 artículos y 162 páginas. El mismo se desmenuzará en el recinto durante al menos dos jornadas de debate.
La reforma laboral todavía da tela para cortar
Un foco de conflicto que no termina de sofocarse tiene que ver con la reforma laboral, que estuvo en vilo hasta último momento. Pero finalmente se plasmó en el dictamen de mayoría en una versión comprimida. Fue la forma salomónica de “cortar al medio” entre dos posturas antagónicas. La UCR machacó con una reforma laboral ambiciosa, que inclusive se metía con los intereses sindicales eliminando las cuotas solidarias de los no afiliados.
En un momento dado, cuando trascendió que el Gobierno hacía lugar al pedido radical, el jefe del bloque de HCF, Miguel Ángel Pichetto, amenazó con no votar la ‘Ley de Bases’ a menos que se dejara completamente de lado el capítulo de modernización laboral. El rionegrino está convencido de que este tema no pasa en el Senado y no quiere que se pierda el tiempo en Diputados.
Al final, se incluyó una versión comprimida de la reforma circunscripta básicamente a la derogación de multas por no registración, ampliación del período de prueba e implementación del fondo de cese laboral optativo como alternativa a las indemnizaciones. Sin embargo, la UCR y la Coalición Cívica intentarán plasmar cambios y agregados en ello y el impuesto al tabaco (en este caso en la ley fiscal).
Además, fiel a su tradición de no otorgar “superpoderes” a ningún presidente, la fuerza política de Elisa Carrió no votará la delegación de facultades. También hay muchas dudas respecto a lo que pueda suceder con la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, cuyo mínimo no imponible el Gobierno pretende colocar en $ 1.800.000 para trabajadores solteros y $ 2.200.000 para casados con hijos.
La UCR está dividida respecto de esta propuesta del Gobierno y podría haber un batacazo en este sentido. Por si fuera poco, hay diputados de la UCR y de HCF que no están convencidos de las “bondades” del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) de la ‘Ley de Bases’, y podrían votar en contra o proponer cambios en el recinto para favorecer a inversiones menores a los US$ 200 millones que el Poder Ejecutivo puso como piso para acceder a los beneficios.
