En medio de las tensiones generadas por las movilizaciones convocadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en rechazo a los despidos impulsados por el Gobierno de Javier Milei, el ministro de Defensa, Luis Petri, ha lanzado una advertencia contundente. En declaraciones brindadas anoche a Todo Noticias (TN), Petri afirmó: «Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias«.
La postura del ministro surge como respuesta a la convocatoria realizada por Rodolfo Aguiar, titular del gremio a nivel nacional, quien ha ratificado la movilización para el día de hoy y ha advertido a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional sobre posibles consecuencias legales por los despidos masivos. Aguiar señaló que el presidente Milei y sus funcionarios podrían enfrentar cargos penales por supuestamente «quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular».
Petri, en su intervención televisiva, reiteró la necesidad de que aquellos que cometan delitos sean llevados ante la justicia, afirmando: «Que se hagan responsables, llegó el momento que quienes cometen delitos se hagan responsables. El imperio de la ley es para todos«.
Además de abordar el tema de las protestas, el ministro se refirió a otro tema de importancia en la agenda política: la baja de la edad de imputabilidad. En este sentido, Petri sostuvo que dicha medida es necesaria debido al aumento de delitos graves cometidos por adolescentes. Comparó la legislación argentina con la de otros países de la región, argumentando que la mayoría fija la edad de imputabilidad en 14 años o menos.
La postura de Petri sobre este tema es clara: «Tiene que bajar la edad de imputabilidad». Aunque no especificó una edad concreta, sugirió que podría ser de 14 o 13 años, pero resaltó que esta es una discusión que debe tener lugar en el Congreso.
En cuanto al sistema legal actual que permite al juez eximir de penas a personas imputables de 16 a 18 años, Petri fue enfático en su opinión de que «hay que terminar con ese sistema».
Las declaraciones del ministro Petri reflejan la postura del Gobierno ante los desafíos sociales y legales que enfrenta el país, marcando una línea firme en cuanto al cumplimiento de la ley y el orden público.
