La paridad salarial entre legisladores del Congreso se ha roto, desencadenando una tensión palpable en la Cámara de Diputados. Tras el aumento discrecional de las dietas en el Senado de la Nación, los diputados se encuentran en desventaja, enfrentándose a una brecha salarial de hasta $3 millones en comparación con sus colegas senadores.
Este malestar surge luego de que el presidente Javier Milei solicitara una congelación de los salarios de ambos cuerpos legislativos, medida que fue finalmente revocada. Mientras que los senadores votaron en una controvertida sesión un proyecto que aumentaba sus sueldos a $7.2 millones brutos, resultando en $4.5 millones netos después de descuentos, los diputados quedaron con sueldos fijos de entre $1.5 y $2 millones, con un plus por desarraigo para aquellos del interior.
El desequilibrio salarial ha exacerbado el malestar entre los legisladores, quienes señalan la disparidad entre el costo de vida y los sueldos. A pesar de los reclamos, no se esperan negociaciones hasta después de la votación de la Ley Bases. Mientras tanto, se han presentado varios proyectos para abordar la cuestión, incluyendo propuestas para vincular los aumentos salariales de los legisladores con los de los jubilados, y para equiparar las dietas de los titulares de los tres poderes del Estado.
La propuesta de la Coalición Cívica ARI en el Congreso para equiparar sueldos
Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, instó a una discusión seria sobre las dietas de los legisladores y presentó un proyecto para transparentar y suprimir privilegios bajo el título «Régimen de Transparencia y Supresión de Honores para Diputados, Senadores y Personal Jerárquico del Congreso de la Nación». Este proyecto busca promover principios éticos y de transparencia en el desempeño de los miembros del Poder Legislativo.
Rubricado por los cinco diputados que integran la Coalición Cívica, este proyecto consta de 37 artículos y aborda áreas que incluyen la prevención de conflictos de intereses, la dedicación exclusiva de los legisladores (con excepciones para la docencia), la implementación de una cláusula antinepotismo y la publicación de declaraciones juradas patrimoniales.
El objetivo principal del proyecto es alcanzar un consenso sobre un Código de Ética aplicable en ambas Cámaras del Congreso de la Nación. Entre sus disposiciones, se contempla regular el presentismo de los legisladores, establecer sanciones por conductas inapropiadas y definir los límites del lobby parlamentario. Además, se propone eliminar el uso de vehículos oficiales y limitar la emisión de pasaportes oficiales, salvo para viajes oficiales debidamente justificados.
