El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, compartió los primeros números de la auditoría que el Gobierno realizó a las indemnizaciones pagadas a victimas del terrorismo de Estado. Según el ministro, se revisaron 22.500 expedientes y sus respaldos documentales para comprobar su veracidad y legalidad.
Cúneo Libarona detalló los avances de los estudios que el nuevo gobierno realiza sobre los casos de las victimas de terrorismo de Estado. En una entrevista en TN, el ministro comentó que las indemnizaciones ascienden a $80.000.000. Entre los casos registrados, se encontraron más de 100 expedientes con pagos irregulares. La jueza María Eugenia Capuchetti firmó el embargo de los bienes de uno de los procesados por cobros irregulares. Los bienes embargados por este caso llegaron a los $200.000.000.
Aparte del embargo al procesado, también se notificó al abogado representante de las personas que solicitan el beneficio, Omar Enrique Ramón García. La justicia pidió el embargo de los bienes del abogado y le extendieron un ultimátum para presentarse en el tribunal a declarar: tiene 72 horas hábiles para presentarse ante los jueces o se le declarará su rebeldía y se ordenará su inmediata detención.
Cúneo Libarona denunció que durante el gobierno de Alberto Fernández, se reconocieron mas de $14.200 millones en indemnizaciones, todo en un contexto en que existían denuncias por irregularidades. La Justicia nacional investiga la posible existencia de una supuesta asociación ilícita que falsificaba documentos para simular ser hijos de las víctimas del Proceso de Reorganización.
El titular del Ministerio de Justicia comentó que la revisión de los documentos surgió por la causa «Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita». Paralelamente se desarrollan otras causas por irregularidades vinculadas a pagos duplicados o realizados a personas que no contaban con la documentación en forma, y hasta a personas que fueron exiliadas. Las indemnizaciones solo se debían otorgar sobre aquellas personas desaparecidas de manera forzosa hasta el 10 de diciembre de 1983.