Ante el alarmante aumento de casos de robos violentos dirigidos a personas de la tercera edad, que han resultado en graves lesiones e incluso muertes, diputados del PRO han presentado un proyecto de ley en el Congreso para modificar el Código Penal. La propuesta busca añadir un tercio de tiempo a las condenas por delitos contra personas mayores de 65 años, considerando el agravante de la vulnerabilidad de las víctimas.
La iniciativa, liderada por la diputada Gabriela Besana del PRO, responde al preocupante incremento de la violencia en los crímenes contra adultos mayores. Se señala que esta población es una de las más vulnerables y desprotegidas frente a la delincuencia cotidiana, por lo que se requiere un enfoque legal que refleje adecuadamente la gravedad de estos delitos.
El proyecto propone una enmienda al artículo 41 del Código Penal, que afectaría las condenas por delitos contra las personas, la integridad sexual, la libertad y la propiedad. La edad de las víctimas sería considerada como un agravante, lo que resultaría en penas más severas para los delincuentes.
Los datos respaldan la urgencia de esta medida. En el año 2022, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se reportaron más de 14 mil robos a personas mayores, con un promedio de 40 incidentes diarios, según la ONG «Defendamos Buenos Aires». Además, durante el año 2023, se registraron 10.200 ataques a adultos mayores en el AMBA, incluyendo 58 homicidios, según un informe sobre Delitos, Inseguridad y Violencia de la misma entidad.
Desde Estados Unidos a Brasil ya funcionan proyectos similares al PRO
El respaldo en la legislación de otros países fortalece la fundamentación del proyecto, demostrando que la protección de las personas mayores es una preocupación global. Brasil, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y México han reconocido la importancia de implementar medidas específicas para salvaguardar a este segmento vulnerable de la población contra la delincuencia.
En definitiva, esta propuesta legislativa busca garantizar una respuesta legal adecuada y proporcional a los delitos cometidos contra adultos mayores, reconociendo su vulnerabilidad y la necesidad de proteger sus derechos y seguridad.
