El juez federal, Julián Ercolini, notificó formalmente al ex presidente, Alberto Fernández, por la investigación que intenta develar si durante si gobierno existió una «organización delictiva que operó en la contratación de seguros por parte de entes estatales». Los presuntos delitos que cometió Fernández es este marco son abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de fondos públicos.
El juez Ercolini le dio la oportunidad al ex mandatario de decidir si nombrar a un abogado defensor, aunque esto no es obligación. Según fuentes judiciales, Alberto Fernández fue notificado en su departamento en Puerto Madero. Con este acto, se oficializó la imputación formal a Fernández. En otra ocasión, el anterior mandatario nacional contó con la defensa del abogado Marcelo Sgro, quien lo asistió durante el escandalo por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos durante la pandemia.
La causa de los Seguros
Durante su gobierno, Alberto Fernández firmó un decreto que obligaba a los organismos públicos a suscribir los seguros de vida mediante Nación Seguros, la aseguradora de Banco Nación. El escandalo se desató al conocerse que Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers de Nación Seguros, estaba casado con María Cantero, la secretaria del ahora ex mandatario.
Sí bien se desconoce la influencia que Cantero pudo haber tenido a la hora de formular el decreto, es un hecho que su marido recibió generosas cantidades de dinero por las comisiones por la venta de los seguros. Sumado a ese vínculo, las cuentas entre los organismos estatales y la aseguradora arrojaban números que no se correspondían con los pagos, de ahí la malversación de fondos públicos.
La investigación terminó provocando el desplazamiento de varios gerentes de Nación Seguros, y más recientemente, la inhibición de los bienes de Alberto Fernández, Martínez Sosa y Cantero, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San Germán, junto a otras incluidas dentro de la causa. La cantidad de investigados ronda los 30, entre personas y empresas con personalidad jurídica. Y por un decreto que Ercolini elevó en abril, estos no pueden hacer uso ni vender sus bienes, además de estar obligados a levantar su secreto fiscal y bancario para que la justicia pueda estudiar sus movimientos.
