En un esfuerzo por contener la inflación, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Economía anunció el congelamiento de la tarifa de gas, justo cuando se esperaban aumentos que podrían haber superado el 400%. Manuel Adorni, en declaraciones anteriores, había indicado que era una posibilidad frenar estos aumentos si se lograba un superávit fiscal para no imponer una carga adicional sobre la población.
La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial con la Resolución 224/2024. El Ministerio de Economía justificó esta decisión al señalar que «con el objeto de consolidar el proceso de desinflación llevado a cabo por el Gobierno, verificado a la fecha, resulta razonable y prudente postergar en el mes de mayo la aplicación efectiva de las actualizaciones dispuestas en las resoluciones de los Entes antes señaladas y los aumentos del PEST correspondiente a energía eléctrica y del PIST en el gas”.
Durante una presentación ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el Presidente Javier Milei reconoció que los ajustes realizados en los primeros meses de su gobierno fueron excesivos debido a la situación económica heredada.
La Secretaría de Energía notificó a las empresas de transporte y distribución de gas, así como a REDENGAS S.A., que no se procederá con la actualización tarifaria prevista para mayo de 2024. Por lo tanto, los cuadros tarifarios publicados el 3 de abril de 2024 se mantendrán sin cambios. El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) decidió «mantener inalterados los Cuadros Tarifarios de Transición y de Tasas y Cargos por Servicios vigentes desde el 3 de abril de 2024».
Gas: el impacto al bolsillo que se evitó
De haberse aplicado, los aumentos hubieran significado un fuerte impacto para los consumidores. Por ejemplo, un usuario «R1» en la Ciudad de Buenos Aires, que representa al 53% de los hogares, iba a ver su factura mensual aumentar de $1.547 a aproximadamente $7.000, un incremento del 352%. En la Provincia de Buenos Aires, el mismo usuario hubiera pasado de pagar $1.512 a $7.400 mensuales, un aumento del 390%. Un usuario de la categoría R22 hubiera visto un incremento aún mayor, de $4.527 a $25.200 mensuales, un 456% más.
Control de la inflación
El ministro de Economía, Luis Caputo, impulsó el congelamiento de tarifas para evitar un impacto adicional en los precios, especialmente después de que la inflación mostrara una desaceleración en abril, registrando un 8,8%, comparado con el 11% de marzo, el 13,2% de febrero, el 20,6% de enero y el 25,5% de diciembre tras la devaluación. A pesar de esta desaceleración, el mes pasado el Indec registró un aumento significativo del 35,6% en el rubro de servicios públicos, que acumularon un 110,5% en lo que va del año y un 311,6% en los últimos 12 meses. La intención del gobierno es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo refleje una nueva disminución.
