La Cámara Federal de Casación Penal se aproxima a una decisión respecto a la condena por corrupción impuesta a Cristina Kirchner y otros implicados en la Causa Vialidad. A partir del 9 de mayo, se inician los 20 días hábiles estipulados por el Código Procesal Penal para que el tribunal se pronuncie sobre la sentencia que impuso seis años de cárcel a la expresidenta. La sentencia podría levantar los cargos contra Cristina o duplicarlo de 6 a 12 años de prisión junto con la caratula de jefa de asociación ilícita e inhabilitación de por vida a cargos públicos.
La condena, dictada por el Tribunal Oral Federal 2 el 6 de diciembre de 2022, marcó un hito al convertir a Cristina Kirchner en la primera vicepresidenta en ejercicio del poder en recibir una condena por corrupción. La sentencia encontró a Kirchner culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en un caso donde se estimó un perjuicio económico de 80.000 millones de pesos.
El primer tribunal señaló una maniobra fraudulenta en la tramitación de 51 procesos de licitación pública para obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, que beneficiaron principalmente a empresas vinculadas a Lázaro Báez, exsocio comercial de Kirchner e íntimo amigo de Néstor Kirchner. Los fundamentos de esta condena han sido apelados por los acusados, dando lugar a la revisión actual en la Casación Federal.
Durante las audiencias realizadas por la Sala IV de la Casación, los abogados defensores han argumentado en favor de la anulación del caso, mientras que la fiscalía ha pedido una condena más severa por asociación ilícita, que elevaría la pena de la líder de Unión por la Patria a 12 años de prisión.
Cristina Kirchner tendrá la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia en caso de un fallo desfavorable
El veredicto de la Casación será crucial, ya que precede a una posible apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, es importante comprender que la sentencia no tiene efecto hasta que todas las 3 instancias judiciales (esta es la segunda) sean agotadas.
En resumen, el caso Vialidad ha representado un análisis detallado de las prácticas corruptas que beneficiaron a Lázaro Báez y su estrecha relación comercial con Cristina Kirchner, lo que condujo a millonarios perjuicios para el Estado y marcó un punto de inflexión en la historia judicial del país.
