Más de 30 miembros de la Cámara de Diputados de la Nación de distintos bloques dejaron la grieta de lado, al menos por un rato, y firmaron un proyecto de ley en conjunto. Se trata de una iniciativa de “administración y reutilización social de bienes”, cuyo objetivo es restituir a la ciudadanía los bienes de origen ilícito incautados por la Justicia a organizaciones delictivas.
En un auditorio colmado, más de 150 asistentes, entre exministros de Justicia, jueces de todas las instancias, representantes del Ministerio Público Fiscal, asociaciones de la vida civil y gremial, escucharon atentamente los discursos de los diputados Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal), Carlos D’Alessandro (La Libertad Avanza) y Pamela Calletti (Innovación Federal).
También expusieron sobre la temática Clara Lucarella, coordinadora de Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ; Lucas Manjon, de la Asociación Italiana Libera en Argentina y que desde 2021 coordina el proyecto Bien Restituido; Emilio Inzaurraga, de la Comisión Nacional de Cáritas Argentina; la politóloga Malena Galmarini; y el juez federal Sebastián Casanello, asesor jurídico del proyecto “Bien Restituido para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil”, apoyado por la Unión Europea en la Argentina.
En qué consiste la iniciativa
La iniciativa recibió el reconocimiento de la comunidad jurídica internacional como una de las herramientas esenciales para luchar contra las organizaciones delictivas y recuperar sus bienes con un fin de uso social. Algunos de los bienes incautados por la Justicia son propiedades, embarcaciones, aeronaves, automóviles, campos y activos que las organizaciones criminales acumulan.
La norma plantea la creación de una Agencia integrada por los tres poderes del Estado y un representante de las organizaciones de la sociedad civil. Este proyecto viene a reemplazar la vieja Ley número 20.785 del año 1974, que autoriza el atesoramiento de bienes hasta su decomiso sin ningún tipo de finalidad reparativa, consignó NA.
Durante su intervención, Casanello calificó a la iniciativa “como un sistema racional de administración de activos recuperados con orientación hacia el uso social y en el marco de la Justicia Federal”. Por su parte, Gutiérrez afirmó que «es la oportunidad de entregarle a la Argentina una poderosa herramienta para luchar contra el crimen organizado y recuperar sus bienes al servicio de la ciudadanía”.
Stolbizer, a su turno, sostuvo que “es una forma de atacar la economía del delito y reutilizarlos con fines sociales”. Calletti, exministra de Justicia de Salta, dijo que “se trata de una ley que realmente necesita la Argentina para darle agilidad, eficiencia y transparencia a la disposición de los bienes que se incautan del crimen organizado”. D’Alessandro, finalmente, valoró la “redistribución de los bienes incautados al narcotráfico, sobre todo, a las víctimas que el narcotráfico produce en nuestro país”.