En el marco del superávit fiscal obtenido en los primeros meses del año, el gobierno de Javier Milei aplicó una fuerte caída del 30% en la ejecución del Presupuesto en el primer cuatrimestre. Así surge de un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó la dinámica de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional en ese período.
El CEPA detectó una fuerte caída de la ejecución real respecto del mismo período del 2023, lo cual implica un “significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración”. Además, verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó nada menos que el 15% del total de gastos. Los Servicios de Deuda Pública es la única función que se mantiene estable respecto al mismo período de 2023, con una leve caída del 3,7%.
Al analizar el gasto por organismos públicos, se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-42%), Anmat (-14%), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-14%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-13%). En materia científica, se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como la Conae, Conicet y Coneau.
Por su parte, los organismos de la Seguridad Social están sufriendo fuertes recortes en la ejecución de sus partidas presupuestarias. En el caso de la Anses, organismo responsable de la Seguridad Social, el recorte llega al -26% respecto al año pasado. También se detectaron recortes del 71% en el Inaes; y de 39% en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
En materia de desarrollo productivo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, tiene un recorte del 89%, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cae más del 88%. Otros programas como Senasa, INTA e INTI también tienen caídas en su ejecución presupuestaria, según recopiló NA.
Los casos de los organismos de seguridad también tienen marcadas caídas en su ejecución, especialmente las fuerzas federales. Es el caso de la Policía Federal (-26%), Gendarmería Nacional (-25%), Policía de Seguridad Aeroportuaria (-21%) y Prefectura Naval (-25%). La misma realidad se presenta para las Fuerzas Armadas, con reducciones de las partidas del Ejército (-11%), la Armada (-16%), y la Fuerza Aérea (-10%).
Al analizar la ejecución con un grado mayor de desagregación, es decir por partidas programáticas, se observan caídas en los principales programas de la Seguridad Social, incluyendo algunos críticos como los de atención a la niñez en situación de vulnerabilidad social (Programa 1.000 días) con una caída del 47%. También se ajustan fuertemente la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) con un ajuste del 52%.
En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” (-44%), “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” (-81%), Atención Sanitaria en el Territorio (-97%), y el Desarrollo de Laboratorios de Producción Pública (-100%).
Mientras que en materia educativa se observa fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-98% en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-79%) y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-98%).
En materia de obra pública, el escenario es de una paralización casi total de las partidas presupuestarias, con caídas cercanas al 100% en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica.
En materia de transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios, los ajustes son muy marcados, encabezados por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-99%), y la Asistencia Técnica a Municipios (-97%).
Más allá de estos últimos casos analizados, la situación general de la Administración Pública Nacional es de una fuerte reducción de su ejecución presupuestaria. Reducción que en algunos casos está llevando a la paralización de programas de alto impacto en términos sociales, y de salud de la población. Incluso en un escenario fuertemente recesivo, tampoco se están ejecutando programas de ayuda social, y de estímulo al desarrollo productivo.
