El juez federal Sebastián Casanello denunció “filtraciones” sobre el contenido de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales, relacionadas a la corrupción y al desvío de fondos. Casanello formuló la denuncia después de que trascendieran detalles de la investigación –que inicialmente delegó en el fiscal Gerardo Pollicita– en la que esa semana concedió las exenciones de prisión para los principales imputados.
El juez, acorde precisó NA, había dispuesto el secreto de una serie de medidas de investigación para garantizar su éxito, no obstante lo cual parte de eso fue conocido por las partes y los medios. La denuncia, que eventualmente podría involucrar al propio juez (pues es el máximo responsable del expediente) recayó en el juzgado federal número cinco, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, con la intervención de la fiscal Alejandra Mángano.
Fuentes judiciales revelaron que Casanello identificó una serie de episodios que debieron permanecer en reserva pero cuyo contenido apareció publicado en medios y fue conocido por las partes que intervienen en el expediente. La investigación por las presuntas irregularidades se encuentra en etapa de análisis del contenido de los teléfonos secuestrados en los 28 allanamientos ordenados por la Cámara Federal.
Además de comedores, ¿corrupción con piqueteros?
Esta semana, el Ministerio de Capital Humano fue aceptado como querellante en la investigación sobre movimientos piqueteros por extorsión, coacción agravada y defraudación, confirmaron fuentes del Gobierno nacional. El juez Casanello avaló el pedido en torno a las organizaciones sociales, entre ellas, el Polo Obrero, Barrios de Pie y FOL.
Aun así, el magistrado dictó la exención para los 13 dirigentes acusados de dichas irregularidades, ya que «no existen razones para el encarcelamiento preventivo”. Sin embargo, dictaminó la prohibición para salir del país y la concurrencia a las direcciones donde funcionan los comedores.
El caso se originó el 20 de diciembre, diez días después de la asunción de Javier Milei. Cumpliendo con lo prometido, el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente, ya sea para denunciar extorsiones u obstaculizaciones en el tránsito.
