La Oficina Anticorrupción dispuso que «carece de competencias para intervenir sobre el otorgamiento del beneficio» de la jubilación especial de Alberto Fernández por su condición de expresidente. Además, consideró que «no surgen indicios de la existencia de algún acto que, por haber tenido lugar mediando conflicto de intereses, pueda encontrarse viciado de nulidad» en la gestión de Fernández.
De esta manera, la oficina respondió así a un oficio de la Procuración de Investigaciones Administrativas, ante una presentación efectuada en noviembre de 2023 por la diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, quien había planteado objeciones éticas y penales contra el exmandatario, informó NA.
«Por los hechos informados a esta Procuraduría no debería tomar intervención activa en el presente caso traído a estudio, debiéndose archivar estas actuaciones, ello sin que implique afectar a la intervención que tiene en las diferentes investigaciones», expresaron desde la procuración al archivar la denuncia de Campagnoli.
Semanas atrás, la Anses aprobó el trámite presentado por el expresidente para acceder al beneficio, un ingreso al que acceden todos los exmandatarios y que alcanza un monto total de 7 millones de pesos. Campagnoli denunció «la posible violación administrativa y/o penal del cumplimiento de los deberes atinentes al ejercicio del cargo de Presidente de la Nación» de Alberto Fernández.
La denuncia contra Alberto Fernández
Entre los hechos denunciados por la diputada, fueron: «Ejercicio de un cargo docente durante el ejercicio de la Presidencia de la Nación, Inobservancia de la norma constitucional que regula el procedimiento de selección de magistrados del Poder Judicial y su prórroga, Denuncias por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública: Vacunatorio VIP y Fiesta de Olivos».
También enumeró más hechos: «Delegación del rol de Presidente de la Nación en el Ministro de Economía Sergio Massa, La utilización por parte de la primera dama, Fabiola Yáñez, de la Fundación del Banco de la Nación Argentina con el fin de promocionar su empresa personal y La incomparecencia frente a la justicia y su posterior declaración en rebeldía frente a una causa iniciada por haber afectado la dignidad del Juez Leopoldo Bruglia».
Ahora, la Oficina Anticorrupción dispuso: «hágase saber a la Procuraduría que la Oficina Anticorrupción carece de competencias para intervenir sobre el otorgamiento del beneficio establecido en la Ley 24.018». «Sin perjuicio de la continuidad de las acciones judiciales en trámite contra el expresidente de la Nación Alberto Ángel Fernández por los hechos analizados en las presentes actuaciones, el análisis de las presuntas infracciones a las normas de ética pública ha devenido abstracto en atención al cese del funcionario», sostuvo.
