El juez federal Juan Rafael Stinco ordenó a las empresas de medicina prepagas retraer los excesivos montos que cobraron a sus afiliados, y determinó que los precios deberán actualizarse según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Sin embargo, las prepagas buscarán apelar este decreto por temor a caer en bancarrota.
Según dispuso la justicia, las empresas tenían un periodo de cinco días para presentar un plan de devolución a sus clientes. «Es un golpe extremadamente duro, que pone el borde del nocaut a varias compañías», reconoció una de las prepagas. Remarcaron que «Con la cuota congelada hasta fin de año y tener que ir devolviendo lo que se cobró por encima de la inflación será muy difícil«.
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— Mariel Di Lenarda (@mdilenarda) April 17, 2024
El vocero @madorni anuncia que por una resolución del @Economia_Ar las PREPAGAS deberán retrotraer el valor de las cuotas a DICIEMBRE de 2023, actualizadas luego por IPC ( Índice de precios al consumidor)
Ampliaremos.
El sector de la medicina privada abarca aproximadamente el 15% del sistema de salud del país, unas 6 millones de personas. Las empresas sostienen que su sistema, a pesar de sus falencias, funciona, y que el foco de atención debería estar en el servicio público desbordado. En caso de que las algunos de estos actores privados entre en quiebra y no pueda continuar sus actividades por la decisión de la justicia, los pacientes se podrían volcar al sistema público ya colapsado.
El salvaje aumento de las prepagas
Mediante el DNU 70/2023, el Gobierno de Javier Milei desreguló el sistema de salud para que los beneficiarios puedan elegir libremente entre las distintas obras sociales y las prepagas e impulsar la libre competencia entre estas. La consecuencia de la desregulación, como suele ser común en estos casos, fueron aumentos brutales en cortos periodos de tiempo.
La Superintendencia de Servicios de Salud señaló que «las empresas de medicina privada, específicamente algunos actores privilegiados dentro de las mismas, quisieron compensar atrasos en los precios, producto de acuerdos con el gobierno anterior; y que por estas decisiones, atentaron contra millones de argentinos y pusieron en jaque el propio sistema del que son parte».
