La ministra Patricia Bullrich dialogó con Eduardo Feinmann sobre la decisión del Ministerio de Seguridad de intervenir en la investigación de casos de presunta extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales. Bullrich explicó: «Como ministerio habilitamos el 19 de diciembre el teléfono 134 en el que recayeron las denuncias», destacando la amplitud geográfica de las mismas: «Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Misiones, Chaco y Jujuy, entre otras».
En cuanto a la decisión de presentarse como querellante en el caso, Bullrich señaló en Radio Mitre: «Hablando con la Justicia nos plantearon que era necesario que el ministerio o algún otro actor fuera contraparte para ayudar a las víctimas con datos procesales necesarios para el avance de la causa«.
La ministra resaltó la labor realizada: «Se hizo un trabajo muy importante» y detalló que «todas las denuncias penales las hizo el ministerio de Seguridad». Sobre la colaboración con otras áreas, Bullrich mencionó: «El gran trabajo que hizo Pettovello fue identificar que todas las personas que le pasábamos estaban en su base de datos».
Bullrich también hizo referencia al incremento en las denuncias: «Nos cuentan que esas personas cambiaron de auto o de casa o tienen una elevación social a partir de esta tarea. Eso es algo que nos cuentan los operadores que la gente lo dice con mucha bronca y mucha angustia».
La ministra concluyó: «La gente está perdiendo el miedo porque se da cuenta que está siendo doblemente victimizada«. En relación a la participación del Ministerio en la causa, Bullrich afirmó: «Nos presentamos para seguir adelante con todos los pasos necesarios para que esto no quede impune y para que otras causas más masivas también avancen en la misma dirección».
La presentación del Ministerio de Seguridad ante la justicia como querellante surge en el marco de una investigación federal sobre denuncias realizadas a la Línea 134. La decisión busca colaborar con el esclarecimiento de presuntos delitos como «amenazas agravadas, extorsión y defraudación al Estado» o «asociación ilícita».
